El rol de España en las cumbres del clima
Desde la primera COP en 1995 hasta la actualidad, España ha sido un actor clave en las negociaciones internacionales sobre cambio climático
La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), piedra angular para el Acuerdo de París, es una de las tres convenciones que se crearon tras la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, en 1992 (junto a la Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica y la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación). Se trata del principal foro de Naciones Unidas donde se negocia sobre cambio climático, y cuenta con una participación prácticamente universal. España la firmó en junio de 1992, y la ratificó en diciembre de 1993. Su objetivo último es la “estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas (causadas por el hombre) peligrosas en el sistema climático”.
Para que su aplicación sea efectiva, todos los países (o Partes) que la conforman tienen que aprobar determinadas decisiones de forma consensuada tras intensos procesos de negociación que culminan en las Conferencias de las Partes (COP, por sus siglas en inglés). La primera de estas reuniones internacionales tuvo lugar en 1995, y en ella se adoptó el Mandato de Berlín en la lucha contra el cambio climático, emprendiéndose así las conversaciones sobre un protocolo o algún otro instrumento jurídico que incluyera compromisos más firmes por parte de los países desarrollados y en transición.
La COP 21 Chile-Madrid: un antes y un después
Desde entonces, la participación y los compromisos de España en estos encuentros ha ido en aumento y, de hecho, ha asumido un papel líder en determinados encuentros, así como la presidencia española. Así, fue el país anfitrión de la COP25 bajo la presidencia de Chile. Poco antes de un mes respecto a la fecha prevista para el inicio de la cumbre, las revueltas en el país latinoamericano obligaron a que la Convención trasladase su celebración a otro Estado, mostrando la flexibilidad y urgencia en la lucha contra el cambio climático. España se postuló y, en poco más de tres semanas, Madrid fue capaz de acoger una cumbre cumpliendo con todas las expectativas, no solo desde el punto de vista logístico sino también en materia climática.
Nuevos ciclos en la COP25
El acuerdo Chile-Madrid: Tiempo de Actuar en la Cumbre del Clima 2019 sentó las bases para que, en 2020, los países presentaran compromisos de reducción de emisiones más ambiciosos para responder a la emergencia climática. Tras esta cumbre, España implementó políticas nacionales ambiciosas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover las energías renovables. A pesar de que la COVID creó una brecha en el desarrollo normal de las cumbres, la COP25 fue la primera de un nuevo ciclo que pone el foco en la implementación, es decir, en que todos los actores hagan más y más rápido, tal y como queda reflejado en el resultado final aprobado.
COP28 en Dubai
Además, como parte de la Unión Europea, España tiene responsabilidades que trascienden a su compromiso nacional. De hecho, durante la COP28 en Dubái, asumía la Presidencia del Consejo de la UE. Como tal, se encargó de defender las prioridades de la UE para avanzar en la transición ecológica, y defendió la postura comunitaria para que el acuerdo final de esta cumbre incluyese el respeto del límite del 1,5ºC, objetivo clave de la acción climática para 2030, objetivos de reducción de emisiones -sobre todo en cuanto a los combustibles fósiles-, y la meta de triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética.
A medida que el mundo enfrenta una crisis climática cada vez más urgente, el papel de España en las futuras COP será fundamental, pues tiene la oportunidad de seguir liderando la adopción de medidas climáticas ambiciosas y la promoción de la cooperación internacional. Para ello, se ampara en una consolidad experiencia en la consecución de acuerdos internacionales y en la implementación de medidas climáticas a nivel nacional, amparada en su capacidad de generación de energía renovable y en la implementación de objetivos ambiciosos para reducir las emisiones de carbono.
