Greenwashing: los eurodiputados quieren limpiar las etiquetas engañosas
Declaraciones engañosas, etiquetas verdes, evaluaciones climáticas: los eurodiputados han votado a favor de eliminar el greenwashing de las etiquetas y la publicidad, con severas restricciones a las declaraciones de compensación de emisiones de carbono y la amenaza de sanciones disuasorias.
De las 150 alegaciones ecológicas (envases, publicidad) examinadas por Bruselas en 2020, el 53% contenía "información ambigua, engañosa o infundada", el 40% carecía de información factual de apoyo, y la mitad de las cerca de 230 "ecoetiquetas" europeas contaban con una verificación "débil o inexistente".
Para restablecer la confianza de los consumidores, la Unión Europea (UE) considera clave aportar claridad jurídica a los empresarios y crear condiciones de competencia equitativas mediante la armonización de las normas en la UE.
A mediados de enero, el Parlamento Europeo ya había aprobado el acuerdo alcanzado con los Estados miembros (Green Claims Directive) para prohibir las llamadas declaraciones medioambientales "genéricas", consideradas vagas y engañosas tal como "producto verde", "biodegradable" y "100% natural".
Incluye los conceptos de "neutro" o "positivo" basados únicamente en la compensación del carbono, práctica considerada ineficaz en comparación con la reducción directa de las emisiones de CO2. Sin embargo, el compromiso adoptado por la Comisión de Medio Ambiente sobre el nuevo texto especifica que "las empresas podrán seguir mencionando los sistemas de compensación si ya han reducido al máximo sus emisiones y sólo utilizan estos sistemas para las emisiones residuales", siempre que cuenten con una certificación estricta.
En este contexto, antes de proseguir las negociaciones con los Estados miembros, los eurodiputados reunidos en sesión plenaria han votado otro texto legislativo más ambicioso destinado a prohibir todas las declaraciones medioambientales que no estén respaldadas por pruebas objetivas:
- El texto estipula que las alegaciones ecológicas sobre productos o empresas deben estar justificadas por datos recientes y científicamente reconocidos, que identifiquen todos los impactos "significativos" sobre el medio ambiente, incluidos los negativos.
- Los sistemas de certificación medioambiental, sujetos a los mismos criterios, tendrían que ser transparentes y revisarse periódicamente; la "etiqueta ecológica" oficial ideada por la UE (Ecolabel) quedaría exenta.
- La creación de nuevas etiquetas privadas pasaría a ser la excepción.
- Las empresas tendrían que hacer comprobar la validez de sus declaraciones por "verificadores independientes" acreditados y, en caso de infracción, se arriesgarían a "sanciones disuasorias": exclusión de contratos públicos o multas de hasta el 4% del volumen de negocios anual.
- Las empresas tendrán cierto margen para justificar sus afirmaciones, sin utilizar necesariamente el método de referencia (PEF) aprobado por la UE para medir la "huella ambiental" de los productos.
- La normativa se aplicaría a productos y servicios no contemplados en otros textos europeos con objetivos similares (ya existe una taxonomía que regula las inversiones "verdes").
La nueva directiva entrará en vigor el 26 de marzo de 2024 a los 20 días de su publicación. Los Estados miembros deberán adoptar y publicar las disposiciones necesarias para su cumplimiento como tarde el 27 de marzo de 2026 para su aplicación a partir del 27 de septiembre de ese año. Con esta la UE se alinea a la trayectoría internacional promocionada por la Agenda Global de Acción Climática con el informe Integrity Matters.
La implementación de esta ley tendrá un impacto directo en la vida cotidiana de las personas. Al garantizar la veracidad de las alegaciones medioambientales, los consumidores podrán confiar en que los productos que eligen realmente cumplen con los estándares de sostenibilidad promocionados. Además, al desalentar la publicidad engañosa, se fomenta la competencia justa entre las empresas, promoviendo así la innovación en prácticas más ecológicas.
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