Publicado el sábado 04 de febrero del 2023

Hace unos meses, NNUU presentó en la COP27 un informe para luchar contra el greenwashing climático.

El infome presentado en la cumbre del clima de Sharm-El-Sheikh es el resultado del trabajo  de un Grupo de Expertos para abordar un “exceso de confusión y déficit de credibilidad” sobre los objetivos de cero emisiones netas de entidades no estatales. Integrado por 17 expertos independientes de todo el mundo, y encabezados por la ex ministra de Medio Ambiente y de Infraestructuras de Canadá, Catherine McKenna, se define una hoja de ruta fundamental para llevar la integridad a los compromisos de emisiones netas cero por parte de la industria, instituciones financieras y ciudades y regiones.

Desde hace un tiempo, el marketing verde ha incorporado una nueva referencia, las emisiones netas cero, que se incorpora a los mensajes, discursos y elementos de publicidad sin dejar claro lo que supone.  En el acto de presentación en la COP27, el secretario general de la ONU, António Guterres destaco que “El problema es que los criterios y puntos de referencia para estos compromisos de cero emisiones netas tienen diferentes niveles de rigor y lagunas lo suficientemente amplias como para dar por bueno un camión diésel. Debemos tener tolerancia cero ante el greenwashing de las cero emisiones netas”.

Antes de emprender el camino hacia las emisiones netas cero, y definir los compromisos de reducción de emisiones, es necesario contemplar estos 10 requisitos y evitar caer en exageraciones o errores sobre la ambición de las actividades puestas en marcha evitando, de esta manera, el greenwashing climático:

  • Un compromiso de emisiones netas cero requiere un compromiso de toda la entidad, realizado públicamente por los máximos responsables organizativos, y basado en una metodología sólida y coherente con la limitación del calentamiento global a 1,5°C (como Science Based Targets en el caso de las empresas).
  • Un compromiso de emisiones netas cero debe marcar objetivos medibles para periodos de cinco años y establecer medidas y acciones concretas para alcanzar el cero neto. El plan debe abarcar toda la cadena de valor de una ciudad, estado o empresa, incluidas las emisiones de uso final.
  • Las herramientas de compensación de emisiones se deben utilizar exclusivamente para equilibrar los gases de efecto invernadero no evitados o reducidos una vez que la empresa está cumpliendo con unos objetivos de reducción a corto y medio plazo.
  • Es necesario compartir públicamente los planes globales de transición hacia las emisiones netas cero, detallando las acciones para cumplir con los objetivos.
  • No se deben apoyar los combustibles fósiles, abandonando las nuevas inversiones en el suministro de combustibles fósiles y desmantelando y cancelando los activos existentes.
  • Se requiere ejercer presión a los gobiernos para que se tomen medidas para la eliminación de los combustibles fósiles y nunca al revés.
  • Para 2025, las empresas y las ciudades deben asegurarse de que sus operaciones y cadenas de suministro no contribuyen a la deforestación y a la destrucción de los ecosistemas naturales restantes. Las instituciones financieras también deben tener una política de no invertir ni financiar empresas vinculadas a la deforestación para esa fecha.
  • Es necesario informar públicamente cada año, y de forma detallada, sobre los progresos en el camino hacia las emisiones netas cero incluyendo los datos sobre los gases de efecto invernadero emitidos (huella de carbono), que permitan comparar los avances con la línea base establecida para definir los objetivos.
  • Es necesario un nuevo acuerdo para el desarrollo que incluya a las instituciones financieras y a las empresas multinacionales que colaboran con los gobiernos, los bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones financieras de desarrollo.
  • Para que la red de entidades emisiones netas cero sea factible y funcione con condiciones equitativas se debe legislar sobre los compromisos de los emisores corporativos de alto impacto, incluidas las empresas privadas y estatales, y las instituciones financieras.

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