Publicado el jueves 18 de marzo del 2021

Estados Unidos, uno de los países pioneros en regulación ambiental, encabeza la lista de países con cerca de 1.200 litigios climáticos.

Los casos judiciales relacionados con la crisis climática se han duplicado en el mundo pasando de 884 en 2017; a alrededor de 1.550 en 2020, según el último informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Esto ha supuesto una presión para los gobiernos, las empresas y otros actores privados para solidificar sus compromisos por el clima; y perseguir medidas más concretas y progresivas. Con el objetivo de desarrollar, implementar y mantener campos idóneos para un ambiente saludable y sostenible más ambiciosos.

La creciente conciencia de la ciudadanía sobre la emergencia climática impulsa a los ciudadanos a recurrir cada vez más a los tribunales para ejercer su derecho a un medio ambiente sano. Un derecho que forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 para que las personas gocen con plenitud de sus derechos como seres humanos. El informe de la PNUMA revela que el perfil de los demandantes es diverso y va desde oenegés a menores, pasando por colectivos especialemnte vulnerables como pueblos indígenas.

Con una proyección de futuro sobre los litigios que registrarán un aumento próximamente, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente augura litigios climáticos relacionados con las empresas que informan erróneamente, o aquellas que no informan, sobre el riesgo climático que producen sus negocios; junto con los litigios de gobiernos que no se adaptan a los fenómenos climáticos extremos que nos atañen actualmente .

Lograr una justicia climática, evitar el desarrollo de proyectos que agravan el cambio climático y promover alternativas energéticas que respeten el medio y los derechos humanos es imprescindible para la emergencia climática.