Seis dinámicas dinámicas para entender Antalya
Llegamos al final de la COP31. Al menos, al final previsto en el calendario.
Hablando en el recinto de la COP31 con un negociador nos decía que si la cumbre tuviera una duración de un mes, llegaríamos al último día sin acuerdo y pidiendo una prórroga.
En 2022, en Egipto, tuvimos que regresar antes de la finalización 40 horas después de la fecha de cierre. Lo mismo ocurrió en Dubái al año siguiente, con solo 24 horas de retraso. En Bakú, fuimos al aeropuerto directamente del plenario la madrugada del sábado al domingo, con 35 horas más de cumbre. Y el año pasado, en Belém, la cumbre cerró 27 horas después de la primera propuesta de plenario de cierre.
Han sido dos semanas de negociaciones, declaraciones, reuniones, iniciativas, movilizaciones y conversaciones en los pasillos. Han pasado tantas cosas, se han escuchado tantas voces y se han presentado tantos documentos que intentar resumirlo todo significa inevitablemente elegir, priorizar y dejar algo fuera. Esperando el resultado final, en lugar de repasar lo ocurrido día a día (ver las crónicas realizadas en este enlace), apuntamos algunas dinámicas que han atravesado esta cumbre. No son necesariamente las que aparecerán en la decisión final, pero ayudan a comprender cómo funciona la negociación climática internacional y las cuestiones que están configurando su futuro. Desde nuestro punto de vista, hemos identificado seis.
Negación de la ciencia.
La ciencia, desde la aprobación de la CMNUCC, ha sido la base de las negociaciones climáticas. Pero, paradójicamente, cuanto más conocemos sobre las consecuencias del calentamiento global, más discusiones parecen surgir sobre cómo interpretar y utilizar ese conocimiento. Hasta negar una realidad científica que nos obliga a tomar decisiones cada vez más difíciles.
Durante estas dos semanas se han cuestionado las incertidumbres científicas, la representatividad del IPCC y la necesidad de incorporar de una manera más adecuada las perspectivas de los países del Sur Global. Algunas de estas preocupaciones son legítimas y forman parte de los esfuerzos para construir una ciencia más inclusiva. Pero también aparece una cuestión de fondo, la dificultad de asumir y trasladar a los documentos políticos las transformaciones que la ciencia considera necesarias.
Durante la COP31, la posibilidad de superar temporalmente el límite de 1,5 °C, lo que los científicos llaman overshoot, ha sido una cuestión muy presente en las conversaciones, no tanto en las salas de negociación. El último informe del PNUMA sobre la brecha de emisiones confirma que evitar ese sobrepasamiento es ya prácticamente imposible. Incluso cumpliendo los compromisos climáticos actuales, el mundo se encamina hacia unos 2,6 °C de aumento de temperatura a finales de siglo. Y, para seguir una trayectoria que permita regresar al 1,5 °C, las emisiones mundiales tendrían que reducirse un 45 % en 2035 respecto a 2025.
¿Significa esto que debemos olvidarnos del objetivo de 1,5 °C? Todo lo contrario. El IPCC recuerda que cada décima de grado cuenta y que cuanto más alto y prolongado sea el sobrepasamiento, mayores serán los riesgos de daños irreversibles. Reconocer esta realidad permite prepararnos mejor, reforzando la adaptación, pero no puede sustituir la necesidad de reducir las emisiones. Y aquí aparece la cuestión de la voluntad política. No es lo mismo reconocer lo que dice la ciencia que estar dispuesto a adoptar las decisiones que se desprenden de lo que dice. Transformar los sistemas energéticos, cambiar determinadas formas de producción y consumo, movilizar financiación y proteger a las poblaciones más vulnerables implica decisiones políticas que afectan a intereses económicos, prioridades nacionales y modelos de desarrollo. La ciencia puede mostrar los riesgos y las alternativas, pero no puede tomar esas decisiones por los gobiernos.
Esta tensión ha tenido incluso una expresión muy concreta en el calendario científico. El IPCC está preparando su séptimo ciclo de evaluación (AR7), pero los países todavía no han conseguido acordar cuándo se publicarán los informes de sus tres grupos de trabajo. Los responsables científicos han propuesto tenerlos disponibles en 2028 para que puedan alimentar el segundo Balance Mundial del Acuerdo de París (GST2), que concluirá ese mismo año. Otros países han solicitado más tiempo para garantizar una participación adecuada de los expertos del Sur Global y una revisión rigurosa. El desacuerdo impidió cerrar el calendario en octubre, y las discusiones deberán retomarse en diciembre.
Y aquí está la paradoja. Mientras negociamos cuándo estará lista la próxima evaluación científica, también negociamos cómo responder a las conclusiones de la anterior. El AR6 ya nos explicó la urgencia de reducir las emisiones, los riesgos de superar 1,5 °C y las opciones disponibles para actuar. El siguiente informe aportará conocimientos nuevos, pero la necesidad de actuar no debe depender de su fecha de publicación.
Fuente: Overshoot 1,5. Equipo AmbiciónCOP.
Los combustibles fósiles.
La salida de los combustibles fósiles, que han ido ganando protagonismo en las negociaciones climáticas, nos muestra cómo funcionan los mecanismos de cambio y las resistencias que generan. Durante muchos años, hablar directamente de carbón, petróleo y gas en una COP era complicado, a pesar de que su combustión es la principal causa del calentamiento global. Hubo que esperar hasta Glasgow, en 2021, para que una decisión mencionara explícitamente la reducción del carbón y hasta Dubái, en 2023, para que casi 200 países reconocieran la necesidad de avanzar hacia el abandono de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos. Desde entonces, la cuestión ha evolucionado, no solo desde el reconocimiento del problema, sino a acordar cómo llevar a cabo esa transición.
En Antalya, este debate ha girado en buena medida alrededor de las hojas de ruta para la transición fuera de los combustibles fósiles, conocidas como TAFF (Transition Away from Fossil Fuels). Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca ya han presentado las suyas, mientras que países como España, Portugal, Irlanda, Luxemburgo y Brasil han anunciado sus propios procesos. Los pequeños Estados insulares del Pacífico también están impulsando su hoja de ruta regional. Y este viernes, en la recta final de la COP, un grupo de 31 países ha vuelto a reclamar que la decisión final recoja avances concretos en esta dirección. Un movimiento que se ha ido construyendo a través de iniciativas nacionales, alianzas internacionales y espacios de cooperación paralelos a las negociaciones de la CMNUCC.
Pero hablar de abandonar los combustibles fósiles significa hablar de algo que sigue estando presente en casi todos los sectores de nuestras economías. De ahí que la transición genere posiciones encontradas. Para algunos países, la prioridad se centra en establecer calendarios claros que permitan reducir progresivamente la producción y el consumo de carbón, petróleo y gas. Otros insisten en la soberanía energética, las circunstancias nacionales, el derecho al desarrollo o la necesidad de disponer de alternativas tecnológicas y financiación antes de asumir nuevos compromisos. Y mientras unos reclaman que el abandono de los combustibles fósiles aparezca explícitamente en la decisión política de la COP31, otros prefieren centrar el lenguaje en las emisiones, la electrificación y las distintas tecnologías de descarbonización. La segunda versión de la decisión de cobertura, publicada el jueves, ya no incluía una referencia explícita a esa transición. Durante el día de hoy, a la espera de la tercera versión, se han sucedido las declaraciones de algunos países para recuperar la referencia.
La dinámica de la cumbre permite observar cómo funcionan los contrapesos del proceso de transformación del modelo económico fósil. Las negociaciones no ocurren en el vacío y, junto a las delegaciones de los países, participan organizaciones de la sociedad civil, empresas, asociaciones sectoriales y otros actores que defienden intereses y propuestas diferentes. Por ejemplo, InfluenceMap identifica 44 empresas y asociaciones empresariales acreditadas en Antalya (de 70) con actividades de incidencia climática que no estaban alineadas con las trayectorias evaluadas por el IPCC. Por parte de la sociedad civil, redes como Climate Action Network, la coalición Kick Big Polluters Out (KBPO) o la Alianza por el Clima en España agrupan a cientos de organizaciones participantes.
Estas cifras, por sí solas, no nos dicen qué influencia ha tenido cada actor sobre los textos, pero permiten entender que las decisiones se negocian en un espacio donde confluyen intereses económicos, prioridades nacionales y demandas sociales. Cada avance abre nuevas preguntas sobre su alcance, sus condiciones y su aplicación. Lo hemos visto en las discusiones sobre TAFF, en las referencias a las tecnologías de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS), y en los sucesivos borradores de la decisión de cobertura.
Fuente: Acción por la salida de los combustibles fósies. Equipo AmbiciónCOP.
La electrificación.
La electrificación ha sido una de las grandes apuestas de la Presidencia turca para acelerar la transición energética. Su propuesta, bautizada como 35x35, busca que la electricidad represente el 35% del consumo final mundial de energía en 2035 (actualmente, la electricidad representa cerca del 23% del consumo final de energía a nivel mundial, ver informe de la IEA). Una cifra aparentemente sencilla que ha conseguido generar numerosas conversaciones en la cumbre.
Electrificar significa sustituir el uso directo de combustibles fósiles por electricidad: pasar de los motores de combustión a los vehículos eléctricos, de las calderas de gas a las bombas de calor o de determinados procesos industriales basados en combustibles fósiles a alternativas eléctricas. Cuando se comienzan a plantear las alternativas es cuando comienzan las dudas.
¿De dónde vendrá esa electricidad? Electrificar no significa necesariamente descarbonizar la generación de la electricidad. Por eso, una parte importante de las discusiones se han centrado en la relación entre el objetivo 35x35 y los compromisos adoptados en Dubái para triplicar la capacidad mundial de generación de energías renovables y duplicar el ritmo de mejora de la eficiencia energética para 2030.
¿Qué tecnologías se deben utilizar? Los debates sobre las tecnologías que deberían contribuir a ese objetivo, las inversiones necesarias para ampliar y modernizar las redes eléctricas.
¿Cuál es el punto de partida de los países? No todos parten del mismo punto. Mientras unos buscan electrificar su transporte o industria, otros todavía necesitan garantizar el acceso básico a la electricidad de millones de personas.
¿Puede convertirse esta iniciativa en la principal respuesta a la transición fuera de los combustibles fósiles? La Presidencia turca la ha presentado como una herramienta central para avanzar en esa dirección, mientras que otros actores han insistido en la necesidad de mantener compromisos explícitos sobre la reducción de la producción y el consumo de carbón, petróleo y gas. Son dos enfoques que pueden complementarse, pero que no responden exactamente a las mismas preguntas. Uno se centra en acelerar las alternativas energéticas y, el otro, en establecer la manera de reducir progresivamente la dependencia de las fuentes fósiles. Y esa diferencia ha estado presente en las conversaciones sobre la decisión de cobertura.
En paralelo, el debate tecnológico ha ido más allá de la electrificación. Las distintas versiones de los textos de la decisión de cobertura han incluido referencias a la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS), especialmente para actividades industriales difíciles de descarbonizar. El primer borrador llegó a plantear objetivos cuantificados para aumentar su capacidad mundial.
Su presencia ha generado discusiones sobre el papel que estas tecnologías pueden desempeñar, sus costes, sus limitaciones y el riesgo de que se utilicen en actividades donde ya existen alternativas de reducción directa de emisiones (ver enlace). Es otro ejemplo de que, detrás de un objetivo compartido de descarbonización, pueden existir visiones diferentes sobre los caminos para alcanzarlo.
Fuente: Electrificación. Equipo AmbiciónCOP.
Los equilibrios de negociación.
Desde fuera, una COP puede parecer una sucesión de reuniones independientes. En una sala se habla de mitigación, en otra de adaptación, unos metros más allá se negocia la transición justa y, en otro edificio, la financiación. Cada tema tiene sus propios documentos, negociadores y calendarios. Pero basta con seguir las conversaciones durante unos días para darse cuenta de que, en realidad, todo está conectado. Y de que, a menudo, lo que ocurre en una sala depende de lo que se está discutiendo en otra.
Lo hemos visto especialmente durante estos últimos días. Mientras numerosas delegaciones defendían la continuidad del Programa de Trabajo de Mitigación (WMP), las conversaciones seguían condicionadas por los avances en adaptación, en financiación y en transición justa. Para muchos países en desarrollo, aumentar la ambición climática está directamente relacionado con disponer de los recursos y las capacidades necesarias para cumplir sus compromisos. Para los países desarrollados, las discusiones incluyen también cómo movilizar las inversiones, implicar a otros actores financieros (sobre todo privados) y establecer mecanismos que tengan en cuenta las diferentes circunstancias nacionales. Así, un acuerdo sobre mitigación no se negocia necesariamente de forma aislada, sino que forma parte de un equilibrio político mucho más amplio.
Y es la financiación lo que equilibra gran parte de estas cuestiones, que en Antalya ha sido transversal en casi todos los debates. El Acuerdo de París establece en su artículo 9.1 que los países desarrollados deben proporcionar recursos financieros para apoyar a los países en desarrollo. También recoge, en su artículo 2.1.c, el objetivo de alinear los flujos financieros con un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima. Son disposiciones diferentes y complementarias que generan divergencias entre los grupos de negociación. Tanto es así que, en los últimos días, las conversaciones sobre ambos asuntos llegaron a trasladarse a consultas conjuntas de la Presidencia.
Algo parecido ha ocurrido con la adaptación. En Belém se acordó triplicar su financiación para 2035, algo que debía concretarse en Antalya con la cifra de partida, los recursos a contabilizar y la manera de comprobar el destino de los fondos y su eficacia. Cuestiones, todas ellas, que transcienden lo técnico y tienen que ver con las responsabilidades internacionales, el acceso a la financiación y la capacidad de los países para proteger a sus poblaciones frente a los impactos del cambio climático. También sobre la diferencia entre anunciar una cantidad, comprometerla formalmente y desembolsarla.
Estas negociaciones se desarrollan, además, en un contexto económico y geopolítico complejo. Los gobiernos deben responder tanto a sus compromisos internacionales como a sus prioridades nacionales, sus restricciones presupuestarias y sus realidades políticas. Y eso ayuda a explicar por qué los debates sobre quién debe aportar recursos, cuánto, en qué condiciones y para qué actividades ocupan tanto espacio en la cumbre.
En el proceso climático, cuando las negociaciones técnicas dejan de avanzar, las cuestiones pendientes, suelen pasar a la fase política (en manos de los responsables ministeriales). Es lo que ha ocurrido en la recta final de Antalya, con menos sesiones abiertas y más consultas políticas a puerta cerrada. Las Presidencias intentan entonces encontrar un equilibrio entre los distintos textos y prioridades, buscando fórmulas que permitan alcanzar el consenso. La dinámica recuerda que una COP no consiste únicamente en resolver desacuerdos sobre cada tema, sino en construir un acuerdo entre casi 200 países cuyas decisiones están vinculadas entre sí. Y que, muchas veces, para entender por qué se bloquea una negociación, hay que mirar lo que está ocurriendo en la sala de al lado.
Fuente: Lema COP31: diálogo, consenso, acción. Equipo AmbiciónCOP.
Las voces de los países.
En teoría, todos los Estados participan en las negociaciones en igualdad de condiciones. Las decisiones se adoptan por consenso y cada país puede expresar su posición. Pero la realidad es bastante más compleja. No todos llegan con el mismo número de negociadores, los mismos recursos o la misma capacidad de influencia. Por ello, en una COP, las alianzas entre países son fundamentales para construir posiciones comunes y conseguir que determinadas cuestiones lleguen a la mesa de negociación.
En Antalya se ha vuelto a observar cómo funciona esta geopolítica climática. La ausencia de los EE.UU. en las negociaciones ha formado parte del contexto de una cumbre en la que la Unión Europea, China, los países del grupo árabe y las diferentes alianzas de países en desarrollo han defendido sus propias prioridades. Las posiciones tampoco se dividen simplemente entre países desarrollados y en desarrollo. Dentro del G77 y China, por ejemplo, conviven grandes economías emergentes, países productores de petróleo, pequeños Estados insulares y países menos adelantados, con realidades y necesidades muy diferentes. Un mismo país puede coincidir con un grupo en cuestiones de financiación y con otro en asuntos de mitigación. De ahí que las alianzas sean tan importantes y, al mismo tiempo, tan complejas de mantener.
Unas de las voces que más se han escuchado en Antalya proceden de los Pequeños Estados Insulares, agrupados en AOSIS. Para ellos, el límite del 1,5 °C no es únicamente una referencia de las negociaciones, está directamente relacionado con su exposición al aumento del nivel del mar, los fenómenos meteorológicos extremos y la pérdida de los ecosistemas. Durante estas semanas han insistido en mantener ese objetivo en los textos, reforzar la adaptación y garantizar el acceso a la financiación. También han contribuido a que el Océano tengan mayor presencia en las conversaciones y en la agenda de acción de la cumbre, un ecosistema fundamental para el planeta. La Conferencia sobre el Océano, celebrada en Portugal en 2022, expusó la capacidad de absorción (alrededor del 90%) del exceso de calor acumulado por el calentamiento globa del océano y aproximadamente una cuarta parte de las emisiones antropogénicas de CO₂.
Las montañas también han reclamado su espacio. Nepal y Bután propusieron incluir en la agenda oficial de la COP31 un punto específico sobre los efectos de un calentamiento de 1,5 °C en los ecosistemas de montaña. Aunque la propuesta no se incluyó como punto independiente de negociación, dio lugar a consultas de la Presidencia y su integración en la segunda versión de la decisión de cobertura (todavía no definitiva). Esto permite comprobar cómo un grupo de países puede utilizar los procedimientos de la CMNUCC para situar una cuestión sobre la mesa. Porque el retroceso de los glaciares, la pérdida de biodiversidad o los cambios en la disponibilidad de agua afectan a millones de personas, pero no siempre encuentran un espacio propio en las negociaciones internacionales.
Son ejemplos del funcionamiento de las cumbres y la capacidade de conseguir que un tema entre en la agenda para formar parte de la propia negociación. Después vendrá el debate sobre cómo abordarlo, si necesita un espacio permanente, qué compromisos pueden adoptarse y qué recursos estarán disponibles para aplicarlos. No es lo mismo lograr que una preocupación sea escuchada que conseguir que se traduzca en una decisión. En la COP, tener voz es importante. Conseguir que esa voz se traduzca en acuerdos es la siguiente negociación.
Fuente: Acción en defensa de los océanos. Equipo AmbiciónCOP.
Mientras las negociaciones avanzaban entre propuestas, corchetes y consultas interminables, fuera de las salas se anunciaban nuevas alianzas, compromisos e iniciativas para acelerar la acción climática. Son dos formas de cooperación que conviven en una cumbre del clima, y que responden a lógicas diferentes. Por un lado, está el multilateralismo tradicional de la CMNUCC, donde casi 200 países deben encontrar un consenso para adoptar decisiones comunes. Por otro, están las coaliciones voluntarias de países y actores que deciden avanzar juntos en determinados ámbitos sin esperar a que todos los demás se sumen.
Esta segunda vía, que está en marcha desde la COP22 de Marrakech de 2016, ha adquirido mayor protagonismo de Belém del año pasado, donde se reforzó la idea de combinar las negociaciones formales con una Agenda Global de Acción orientada a la implementación. En Antalya, la Presidencia ha continuado desarrollando este enfoque bajo una agenda organizada en 6 grandes ejes y 30 objetivos. Se han lanzado iniciativas sobre electrificación, abandono de los combustibles fósiles, adaptación, financiación, agricultura, protección de los ecosistemas y muchas otras cuestiones. Algunas reúnen a gobiernos nacionales, otras incorporan ciudades, empresas, instituciones financieras y organizaciones de la sociedad civil. La idea es movilizar a quienes están dispuestos a actuar sobre objetivos concretos, incluso cuando todavía no existe un acuerdo entre todas las Partes.
Fuente: Agenda Global de Acción Climática. Equipo AmbiciónCOP.
El Anuario de Acción Climática Global 2026, que recoge información de 83 iniciativas de cooperación que comunicaron más de 200 actuaciones, permite hacerse una idea de la dimensión que ha alcanzado este espacio. Destacan en la COP31 la presentación de un Paquete de electrificación que reúne iniciativas vinculadas a más de 150 países, la Unión Europea, 37 ciudades y más de 260 empresas. En paralelo, coaliciones como la Alianza para Superar el Carbón, la Alianza Solar Internacional o la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles siguen reuniendo a distintos actores alrededor de compromisos específicos. Muchas de estas iniciativas no han nacido en Antalya, llevan años trabajando y aprovechan las cumbres para presentar resultados, ampliar sus alianzas o anunciar nuevos pasos.
Pero esta multiplicación de iniciativas abre una pregunta importante. ¿Cómo sabemos si realmente estamos avanzando? No todas las coaliciones funcionan igual ni tienen los mismos objetivos. Algunas establecen compromisos políticos, otras movilizan inversiones, desarrollan herramientas, facilitan cooperación técnica o promueven cambios normativos. Y tampoco es lo mismo anunciar una iniciativa, movilizar financiación o demostrar que una actuación ha reducido emisiones o aumentado la resiliencia. Por ello, uno de los retos de esta segunda vía es mejorar el seguimiento, la transparencia y la evaluación de los resultados. No basta con contar participantes o sumar declaraciones, también necesitamos saber qué se ha conseguido y qué queda pendiente.
Al mismo tiempo, estas alianzas no sustituyen a las negociaciones multilaterales. El consenso entre casi 200 países puede llevar tiempo y producir acuerdos que no satisfacen plenamente todas las posiciones, pero permite establecer marcos comunes sobre responsabilidades, financiación, transparencia y cooperación internacional.
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