¿Una transición justa para quién?
¿Quién tiene los medios para transformar su economía, quién asume los costes y quién participa en las decisiones?
Comienzan a notarse los nervios. Y el cansancio. Las negociaciones se alargan hasta bien entrada la noche, y los corrillos por los pasillos son cada vez más intensos. La fecha oficial de cierre es el viernes, y ya han comenzado las apuestas sobre la fecha de cierre, y si terminará en tiempo. Como otros años, la organización Carbon Brief ha vuelto a abrir su tradicional porra, ¿te animas a poner fecha y hora?
Hoy la jornada temática está dedicada al desarrollo humano y social, con especial atención a la igualdad de género. Una oportunidad para debatir sobre una de las grandes contradicciones de las cumbres climáticas, cómo garantizar el derecho al desarrollo en un planeta cuyos límites ya estamos sobrepasando.
No es una pregunta nueva. El derecho al desarrollo sostenible está reconocido desde los principios de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), aprobada en 1992. Pero reconocer un derecho, y disponer de los medios para ejercerlo son cosas muy diferentes.
Artículo 3.4 de la CMNUCC:"Las Partes tienen derecho al desarrollo sostenible y deberían promoverlo. Las políticas y medidas para proteger el sistema climático contra el cambio inducido por el ser humano deberían ser apropiadas para las condiciones específicas de cada una de las Partes y estar integradas en los programas nacionales de desarrollo..." .
Lo vemos constantemente en las salas de negociación. Los países en desarrollo reclaman su derecho a industrializarse, a generar empleo, a mejorar sus infraestructuras y a garantizar servicios básicos a su población. Y recuerdan que buena parte de su población todavía no disfruta de las condiciones materiales que otros países dan por sentadas. En Antalya, por ejemplo, la Presidencia de la COP31 impulsa el compromiso "35×35", que busca alcanzar una participación del 35% de la electricidad en el consumo final de energía mundial en 2035. Entre los países que la apoyan figuran Australia, Alemania, Reino Unido, Noruega, Corea del Sur, España, Japón, Dinamarca, Canadá y Kirguistán. La Comisión Europea también ha confirmado el respaldo de la Unión Europea.
Esta propuesta puede contribuir a acelerar la transición energética, pero pone sobre la mesa un dato de las desigualdades del planeta. Más de 560 millones de personas en África subsahariana todavía no tienen acceso a electricidad. ¿Cómo hablar de electrificar el transporte, la industria o los edificios cuando millones de hogares aún no pueden encender una bombilla?
La cuestión no puede estar en la exigencia a los países en desarrollo que renuncien a mejorar sus condiciones de vida. Tampoco a que repitan los modelos de desarrollo intensivo basado en el consumo de combustibles fósiles que nos ha traído hasta aquí. El verdadero desafío está en facilitar el salto hacia economías más limpias, evitando las etapas más contaminantes del desarrollo industrial.
Pero ese salto no se consigue con una declaración o un documento, requiere financiación accesible, transferencia de tecnologías, formación, infraestructuras, instituciones sólidas y cooperación internacional. Y, sobre todo, reconocer que las condiciones de partida son profundamente desiguales. Sobre todo para países que no han contribuido al problema, con bajas emisiones históricas de GEI y con grandes dificultades, técnicas y económicas, para adaptarse a los impactos del cambio climático.
Estas desigualdades también existen a nivel país. Y aquí aparece otro de las grandes cuestiones de la jornada, el género y las afecciones desiguales de los efectos del cambio climático. Las mujeres y las niñas, especialmente en comunidades rurales y hogares con menos recursos, suelen afrontar mayores dificultades para acceder a la tierra, la financiación, la información o los espacios donde se toman las decisiones. Al menos, una de cada tres mujeres y niñas en todo el mundo, al menos 1.500 millones, viven en zonas donde el alto riesgo climático confluye con la inseguridad laboral y una profunda desigualdad de género, según el informe de ONU Mujeres “La igualdad de género en tiempos de crisis climática” (ver enlace).
No se trata de presentar a las mujeres únicamente como víctimas. También son agricultoras, científicas, trabajadoras, defensoras del territorio, responsables políticas y protagonistas de muchas de las soluciones climáticas que ya se están aplicando. Sin embargo, cuesta encontrar ese protagonismo en las grandes negociaciones. Y resulta llamativo que una cumbre del clima con una agenda de anuncios e iniciativas tan intensa dedique, comparativamente, menos visibilidad a nuevos compromisos políticos durante una jornada centrada en las personas y las desigualdades.
Las mujeres también están presentes en la COP31. Sin embargo, todavía no se ha alcanzado la paridad. La Coalición de Mujeres y Género (WGC) destacó una brecha de liderazgo en la COP30 ya que las mujeres representaban el 43,6% de los delegados nacionales, pero solo el 36,5% de los jefes y subjefes de delegación (ver enlace). En esta cumbre, según CarbonBrief, la representación ha bajado al 41%.
Destaca en la agenda de la Presidencia de la COP, el evento de alto nivel en el que se ha tratado la manera de involucrar a "todas las mujeres y niñas, hombres y niños" como agentes de cambio en las transiciones socialmente justas. Pero incluso el lenguaje elegido refleja algunas de las tensiones presentes en la COP. Se busca una formulación inclusiva, aunque la diversidad de género no aparece de manera explícita en el título.
Fuente: Participación en la COP31. Equipo AmbiciónCOP.
Las soluciones siguen llegando desde la sociedad civil. Un buen ejemplo son los Gender Just Climate Solutions Awards, celebrados el 16 de noviembre en Antalya. Con 340 candidaturas de 74 países, demostraron que las mujeres no son únicamente víctimas de la crisis climática, sino también protagonistas de las soluciones, impulsando respuestas desde sus comunidades que combinan acción climática, igualdad y justicia social. Una muestra de que la transformación ya está en marcha, aunque no siempre ocupe los grandes titulares de las cumbres del clima.
Fuente: Conversación entre el secretario ejecutivo de la CMNUCC y la directora del PNUMA tras la presentación del Adaptation Gap Report 2026. Equipo AmbiciónCOP.
ONU Mujeres señala que la crisis climática está aumentando las necesidades de cuidados al mismo tiempo que debilita los servicios y sistemas que deberían garantizarlos. Es una cuestión económica, social y climática. Sin embargo, en un documento reciente de la organización, se concluye que solo 24 de los 67 países analizados identificaban el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado como una cuestión relevante para la acción climática (ver enlace).
En la presentación del Adaptation Gap Report 2026 del PNUMA, con el título ¿Preparados? No. Los impactos del cambio climático no esperan. La financiación para la adaptación debe aumentar, se afirma que solo uno de cada cinco planes nacionales de adaptación reserva dinero para la igualdad de género y el 40% de la financiación de adaptación local no tiene ningún enfoque de género.
Reconocer los cuidados significa incorporar esta realidad a los planes de adaptación, reforzar los servicios públicos, proteger a quienes cuidan y valorar actividades esenciales para sostener nuestras sociedades. También significa entender que una transición justa no puede medirse únicamente en toneladas de CO₂ evitadas o nuevos empleos verdes creados. Y, precisamente, ahí se encuentra una de las negociaciones más importantes de Antalya.
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