Publicado el jueves 19 de noviembre del 2026

La acción climática requiere el imece o ayuda mutua para la comunidad.

Comenzamos con la espera. Lo que toca en cada final de COP. Esperar a que salgan los nuevos textos, esperar a que las negociaciones se abran. Y esa espera te lleva a pasillear y hablar. Hablar y hablar. La búsqueda de información se convierte en una cuestión fundamental.

Hoy hablamos de implementación en la COP31, una palabra que escuchamos constantemente en Antalya. Si seguimos el término turco imece, como indica el título de la jornada, deberíamos dejar de discutir lo que hay que hacer y empezar a hacerlo, por el bien de la comunidad.

Y la salida de los combustibles fósiles es una cuestión central, fundamental para mantener a finales de siglo el límite del 1,5 ºC. En Belém, en la COP30, fue una cuestión recurrente durante toda la cumbre. Y en Antalya, ha vuelto a condicionar gran parte del proceso. Porque, cuando se trata de abandonar los combustibles fósiles, el imece se complica. Las decisiones, además de depender de los argumentos científicos, de las capacidades tecnológicas o de la financiación, estan correlacionadas con quién consigue imponer su relato sobre cómo debe producirse la transición.

Fuente: Protesta de la sociedad civil por la mitigación. Equipo AmbiciónCOP. 

En los pasillos de esta cumbre, los relatos se multiplican en relación a la electrificación, la seguridad energética, la competitividad, la neutralidad tecnológica y, por supuesto, la  transición justa. Conceptos que, en principio, deberían ayudarnos a encontrar soluciones. Pero ¿se habla de lo mismo? ¿Y se busca realmente el mismo resultado?

Un reciente análisis de InfluenceMap, organización que estudia la influencia empresarial sobre las políticas climáticas, ofrece algunas pistas. Desde la COP30 ha identificado 4.511 ejemplos de argumentos favorables a prolongar el uso de combustibles fósiles, difundidos por 315 empresas y asociaciones empresariales, un 22% más que en su análisis anterior. Lo relevante no es solamente la cantidad, sino cómo se construyen esos mensajes. Ya no se trata necesariamente de negar el cambio climático, sino de reformular el debate.

El argumento más repetido, presente en el 55% de los casos, es la seguridad energética y la asequibilidad. ¿Quién podría estar en contra de una energía barata y fiable? El problema aparece cuando esa necesidad justifica nuevas inversiones en carbón, petróleo o gas, sin abordar cómo reducir nuestra dependencia de ellos. Las tensiones geopolíticas y la demanda eléctrica de los centros de datos alimentan este discurso, que presenta a los fósiles como garantía de estabilidad, cuando precisamente su dependencia expone a los países a la volatilidad de los precios y a las crisis de suministro.

Otra estrategia consiste en defender la neutralidad tecnológica. Parece razonable que todas las tecnologías compitan. Pero, sin prioridades basadas en el conocimiento científico y en la hoja de ruta de reducciones de emisiones necesarias, se corre el riesgo de mantener durante décadas infraestructuras incompatibles con los objetivos climáticos.

Y hay un concepto todavía más delicado, la transición justa. Hay un consenso sobre la necesidad de abandonar los combustibles fósiles protegiendo a la fuerza laboral afectada, a las comunidades y a los países más vulnerables a los cambios. Sin embargo, en otra investigación, InfluenceMap concluye que el 69% de las comunicaciones empresariales analizadas usaba este concepto sin concretar cómo aplicarlo. Y en un 11% se empleaba para defender un papel prolongado de los combustibles fósiles. Una reivindicación pensada para que nadie quede atrás puede acabar convertida en un argumento para retrasar la transformación.

InfluenceMap considera que, entre las organizaciones empresariales registradas en Antalya, hay 44 cuya actividad de influencia sobre las políticas climáticas está desalineada con las recomendaciones científicas del IPCC frente a 26 clasificadas como alineadas. Entre las primeras, empresas petroleras, gasistas y grandes asociaciones industriales. Su presencia no demuestra por sí sola que condicionen las decisiones, pero plantea una cuestión importante, ¿quién tiene acceso a los espacios donde se construyen las políticas climáticas y qué intereses defiende?

La pregunta resulta todavía más relevante después de que António Guterres, secretario general de Naciones Unidas recordara esta semana que los combustibles fósiles deben seguir el camino de los dinosaurios, con una diferencia, "los dinosaurios no tenían grupos de presión defendiendo su supervivencia".

Dentro de las salas de negociación también se puede comprobar cómo las palabras se convierten en instrumentos políticos. El Programa de Trabajo de Mitigación (MWP), uno de los pocos espacios dedicados de manera específica a acelerar la reducción de emisiones de GEI, ha recuperado debates sobre su mandato, sus límites y su continuidad. Mientras tanto, algunos países cuestionan que una posible decisión de cobertura de la COP31 incluya referencias explícitas a la transición para abandonar los combustibles fósiles. No se pueden atribuir estas posiciones directamente a la influencia empresarial. Los gobiernos tienen intereses económicos, energéticos y geopolíticos propios. Pero se utilizan, en muchas ocasiones, argumentos similares en los discursos corporativos y los debates políticos. En esta ocasión, centrados en seguridad energética, soberanía nacional, flexibilidad tecnológica o necesidad de avanzar a distintos ritmos.

En cada cumbre, conforme aumenta el número de acreditaciones, aumentan las críticas a la participación de determinados delegados y los intereses que defienden. El colectivo KBPO, que realiza un análisis de la lista provisional de los participantes en la COP, concluye que en Antalya tienen delegaciones más de 100 grandes corporaciones contaminantes y asociaciones industriales, incluidas las de las industrias de combustibles fósiles, grandes tecnológicas, agricultura industrial y alimentaria.

En la misma línea, DeSmog (medio de comunicación global dedicado a la investigación climática) confirma que participan en la COP31 un total de 260 personas en representación de las grandes empresas del sector agroalimentario, incluyendo integrantes de la industria de los fertilizantes, la gran industria cárnica y la de los biocombustibles.

En la misma líneas, un análisis del Centro de Derecho Ambiental Internacional  revela que participan 700 personas que promueven como solución climática la captura y almacenamiento de carbono frente a otras alternativas.

No todos son obstáculos. Los países parten de realidades muy diferentes y necesitan recursos para construir alternativas. La cuestión es si estas preocupaciones sirven para organizar mejor la transición o para aplazar las decisiones. La electrificación ofrece un buen ejemplo. En relación al impulso por parte de la Presidencia turca del objetivo de que la electricidad represente el 35% del consumo final mundial de energía en 2035 algunos países, cuestionan la conveniencia de introducir nuevas metas o del tipo de energía utilizada para electrificar.

Fuente: Evento de alto nivel sobre la Agenda Global de Acción. Equipo AmbiciónCOP. 

Pero no es lo mismo, precisamente electrificar con energías renovables es una manera de implementar los compromisos ya alcanzados en Dubái (en 2023): triplicar las renovables, duplicar el ritmo de imoplementación de la eficiencia energética y avanzar hacia el abandono de los combustibles fósiles. No basta con electrificar cualquier consumo y de cualquier manera. La transición debe garantizar energía limpia para quienes todavía no tienen acceso, fortalecer los servicios públicos y permitir que los países del Sur Global desarrollen sus propias capacidades lo que nos recuerda el verdadero significado de implementar. No es simplemente anunciar nuevas tecnologías, multiplicar iniciativas voluntarias o encontrar palabras que satisfagan a todos. Es tomar decisiones sobre inversiones, calendarios, responsabilidades y financiación. Y también reconocer que algunas actividades tendrán que desaparecer para que otras puedan desarrollarse.

Quizá uno de los mayores desafíos de la cumbre sea, precisamente, distinguir entre los argumentos que ayudan a construir una transición justa y aquellos que, bajo las mismas palabras, pueden terminar retrasándola. Y, sin embargo, hay señales de que esa implementación ya ha empezado.

La Presidencia brasileña de la COP30, cumpliendo el compromiso adquirido en Belém, presentó la semana pasada la Hoja de ruta de la Presidencia de la COP30 para la Transición hacia la Eliminación de los Combustibles Fósiles en los Sistemas Energéticos para lograr cero emisiones netas para 2050 en consonancia con la ciencia.

Bajo el principio de que la transición es urgente, inevitable y, sin embargo, posible, y que todos los países pueden empezar a tomar medidas, independientemente de su punto de partida, invita de manera voluntaria a los países a presentar sus planes. El sistema queda fuera de la negociación formal, pero ofrece un camino por etapas hasta 2033, incluyendo una herramienta para que cada país evalúe su punto de partida y medidas adaptadas a cada realidad, para adaptar sus hojas de ruta a sus capacidadeS.

Que este pueda ser un camino que acelere la implementación, en paralelo a la negocación climática, es algo que ha comenzado a funcionar en Antalya. Las hojas de ruta nacionales para abandonar los combustibles fósiles empiezan a perfilarse como una vía para acelerar la implementación. Alemania, Francia, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca ya han publicado las suyas, mientras que España, Portugal, Irlanda, Luxemburgo y Brasil han anunciado nuevos planes o compromisos para desarrollarlos. Los países insulares del Pacífico también impulsan una hoja de ruta regional. Son señales políticas que dan continuidad al proceso iniciado en la conferencia de Santa Marta y que miran hacia su segunda edición, prevista para 2027.

Quizás, una de las novedades de Antalya, es el crecimiento del grupo de países que trabaja en la propuesta de un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que anunció ayer que ya reúne a 30 países, entre ellos Guatemala, Panamá, Kenia y Ghana. Su objetivo es avanzar hacia un instrumento internacional que permita acordar cómo abandonar progresivamente el carbón, el petróleo y el gas, con qué calendario, bajo qué criterios de equidad y con qué apoyo financiero y tecnológico. Este grupo se suma al proceso de Santa Marta, cuya primera conferencia reunió a 57 países en abril de 2026. El proceso continuará con una segunda conferencia en Tuvalu, organizada junto con Irlanda, que pretende reunir a países productores y consumidores, organismos internacionales y sociedad civil para compartir soluciones y construir alianzas. Sus impulsores insistieron en una idea, "la transición debe avanzar incluso cuando las negociaciones multilaterales no consiguen recoger toda la ambición necesaria. Sin embargo, estas iniciativas voluntarias no pueden sustituir los compromisos negociados bajo el Acuerdo de París, sino reforzarlos y contribuir a su implementación" (ver enlace).

Fuente: People's Plenary. Equipo AmbiciónCOP.

La sociedad civil toma la palabra en el People's Plenary. Con las salas de negociación prácticamente vacías, hoy ha llegado el momento de la sociedad civil. Como cada año, las distintas constituencies reconocidas ante la CMNUCC (organizaciones ecologistas, agricultores, sindicatos, empresas, juventud, mujeres, pueblos indígenas y otros colectivos) se han reunido en el People's Plenary. Aquí no se negocian textos, se reconoce el trabajo colectivo de quienes llevan casi dos semanas siguiendo las negociaciones, organizando acciones, defendiendo propuestas y reclamando mayor ambición, desde los artículos del boletín ECO distribuidos cada mañana por Climate Action Network (CAN) hasta las movilizaciones en los pasillos. Un espacio de encuentro, reivindicación y celebración antes de conocer el resultado final de la COP31. Porque, independientemente de los acuerdos que se alcancen, la urgencia climática seguirá presente y la sociedad civil continuará exigiendo respuestas a su altura.

Pero hay una diferencia entre presentar una hoja de ruta y tener un plan creíble para abandonar los combustibles fósiles. La guía del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles identifica siete principios fundamentales y 31 posibles medidas para evaluar estos documentos. Entre ellos, establecer calendarios coherentes con el límite de 1,5 °C, detener la expansión de los combustibles fósiles, incorporar nuevas políticas, garantizar la participación de las comunidades afectadas y facilitar la cooperación y la financiación internacional (ver enlace). 

Un análisis publicado a finales del año pasado sobre las cinco hojas de ruta europeas presentadas hasta entonces, concluye que ninguna cumple plenamente ninguno de los siete principios. La mayoría se limita a reunir políticas existentes, sin establecer nuevos compromisos de reducción de la producción y el consumo de combustibles fósiles. Dinamarca, por ejemplo, destaca por su compromiso de eliminar los subsidios fósiles en 2030, pero mantiene el horizonte de 2050 para poner fin a su producción de petróleo y gas, sin justificarlo respecto al objetivo de 1,5 °C. El informe también señala la falta de calendarios basados en criterios de equidad, medidas de cooperación internacional y mecanismos de participación de trabajadores y comunidades.

Los tribunales también pueden acelerar la implementación. Coincidiendo con la cumbre, el 13 de noviembre, el Tribunal Supremo de Noruega invalidó la aprobación de tres yacimientos petrolíferos en el mar del Norte porque no se habían evaluado las emisiones generadas al quemar ese petróleo. Y en 2025, la Corte Internacional de Justicia emitió su primera opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático, estableciendo que todos los países tienen el deber legal de proteger el sistema climático y prevenir daños significativos causados por emisiones de gases de efecto invernadero. Determinó también que la falta de medidas adecuadas frente a las emisiones, incluyendo producción, consumo, licencias o subsidios a combustibles fósiles, puede constituir un hecho internacionalmente ilícito.

Pero las hojas de ruta no son el único camino. En paralelo a las negociaciones de la COP31, se está consolidando una red de coaliciones internacionales que buscan acelerar la transición desde distintos frentes. Algunas se centran en abandonar los combustibles fósiles, como la Powering Past Coal Alliance, con 184 miembros nacionales y subnacionales, o la Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA), con 24 gobiernos participantes. Otras impulsan alternativas de producción energética, como la Alianza Solar Internacional, con 116 Estados miembros, o la Green Grids Initiative, que reúne a 80 países para avanzar en el desarrollo de redes eléctricas. También existen compromisos específicos sobre metano, subvenciones a los combustibles fósiles y financiación de la transición. Son iniciativas con mandatos y niveles de compromiso diferentes, y con muchos actores que se integran en varias iniciativas. Un reflejo de cómo la cooperación climática está tomando formas cada vez más diversas.