La copresidencia de la COP31, formada por Turquía y Australia, ha publicado su cuarta carta de presidencia. El documento llega a pocas semanas de la Pre-COP en Fiji y del evento de líderes en Tuvalu, dos citas que deberán preparar el terreno político antes de la cumbre climática de Antalya.

La carta afirma que la COP31 será una cumbre de implementación. Menos declaraciones generales y más resultados prácticos. Menos promesas abstractas y más inversión, electrificación, resiliencia, financiación y cooperación internacional.

Qué dice la carta

La cuarta carta no plantea un único gran resultado, sino una combinación de avances en la negociación formal, agenda de acción, financiación, electrificación y consultas políticas antes de Antalya.

El primer bloque es el avance en los temas negociados y en los fundamentos del Acuerdo de París. La carta insiste en que la COP31 debe progresar en las principales áreas de negociación: mitigación, adaptación, financiación climática, transición justa, pérdidas y daños, transparencia, tecnología, agricultura, Artículo 6 y revisión del funcionamiento del propio proceso de la CMNUCC. También subraya la importancia de las nuevas contribuciones climáticas nacionales, los informes bienales de transparencia y los planes nacionales de adaptación como herramientas básicas para pasar de los compromisos a políticas, planes de desarrollo y proyectos financiables.

Dentro de este bloque, la adaptación y la resiliencia ocupan un lugar relevante. La carta plantea que la COP31 debe avanzar en la implementación del Objetivo Global de Adaptación, en los indicadores de adaptación, en la hoja de ruta de Bakú, en el Fondo de Adaptación y en el Fondo de Respuesta a Pérdidas y Daños. 

Además, la carta identifica el Mecanismo de Transición Justa como un instrumento clave para reforzar la cooperación internacional, la asistencia técnica, el desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimiento. La expectativa es que la COP31 avance tanto en sus funciones como en su gobernanza y modalidades, de manera que pueda quedar plenamente operativo. También se vincula este debate con la revisión del programa de trabajo de transición justa iniciado en Emiratos Árabes Unidos.

El segundo bloque es la Agenda Global de Acción y, dentro de ella, la electrificación. La copresidencia presenta el objetivo “35 by 35”, que busca aumentar la participación de la electricidad en el consumo final mundial de energía hasta el 35% en 2035.  En este mismo terreno de implementación aparece el Climate Implementation Bridge, o BRIDGE. La carta lo presenta como una herramienta para conectar prioridades climáticas nacionales y carteras de proyectos con fuentes de financiación, asistencia técnica y socios de implementación. 

El tercer bloque es la arquitectura política para preparar consensos antes de la COP31. La carta anuncia la designación temprana de parejas ministeriales en cuatro áreas temáticas: transición justa, financiación climática, mitigación y adaptación. Su función será consultar con las Partes, impulsar el diálogo e informar al presidente de la COP31 y al presidente de las negociaciones sobre prioridades políticas y posibles zonas de consenso. La señal es clara: como ya ocurrió en la COP30, algunos temas necesitarán conducción política, no solo negociación técnica.

El cuarto bloque es la financiación. La copresidencia insiste en que la financiación es un habilitador crítico para la ambición y la implementación climática. Menciona la necesidad de avanzar en la entrega del nuevo objetivo colectivo cuantificado de financiación, en la triplicación de la financiación para adaptación antes de 2035 y en el futuro del programa de trabajo sobre financiación climática establecido en la COP30. También anuncia una declaración sobre acceso a financiación, impulsada por Australia y el Pacífico, centrada en mejorar el acceso de pequeños Estados insulares y países menos adelantados a subvenciones y financiación concesional.

Lo que no dice con suficiente claridad

El problema no está tanto en lo que la carta incluye, sino en lo que queda en segundo plano.

Desde la COP28, todos los países acordaron transitar fuera de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos de forma justa, ordenada y equitativa. Desde entonces, la pregunta central ha sido cómo convertir esa señal política en planes nacionales, calendarios, financiación y garantías sociales.

La cuarta carta de la copresidencia habla de acelerar energía limpia, electrificar la economía, mejorar la eficiencia, movilizar inversión y fortalecer la resiliencia. Pero no coloca la transición fuera de los combustibles fósiles como una prioridad explícita de la negociación política.

Esta ausencia importa porque electrificar no siempre equivale a desfosilizar. Una economía puede aumentar su consumo eléctrico y, al mismo tiempo, seguir ampliando gas, carbón o petróleo si la nueva demanda se cubre con generación fósil o si no existen planes claros para reducir producción, consumo y exportaciones fósiles.

Esta tensión aparece con fuerza en el informe Partners in Coal, publicado por 350.org. El documento analiza los vínculos fósiles de Turquía y Australia y plantea una crítica directa: los dos países que deben liderar COP31 mantienen una relación estructural con el carbón y siguen arrastrando importantes intereses fósiles.

El informe señala que Australia es uno de los principales exportadores mundiales de carbón y que Turquía es uno de los mayores importadores de carbón fuera del sur y este de Asia. También sostiene que ambos países se encuentran entre los pocos países industrializados sin una fecha de salida del carbón.

Qué debería mirarse ahora

La Pre-COP en Fiji será una primera prueba. La carta pide a los países llegar preparados para identificar soluciones, reducir diferencias y construir consensos. Pero el consenso no debería construirse al precio de evitar los temas más difíciles.

Hay varias cuestiones que marcarán la credibilidad de la copresidencia:

• si Turquía y Australia consiguen convertir la transición fuera de los combustibles fósiles en una agenda real de implementación, con hojas de ruta, cooperación internacional y apoyo financiero;
• si el objetivo “35 by 35” acelera la electrificación renovable, la eficiencia y el acceso a la energía, sin sustituir ni diluir la salida del carbón, el petróleo y el gas;
• si el Mecanismo Belém-Antalya de Transición Justa avanza como una herramienta operativa, con funciones claras, gobernanza adecuada, participación de los actores afectados y medios de implementación suficientes;
• si la financiación climática se traduce en recursos públicos, previsibles, accesibles y suficientes, especialmente para adaptación, pérdidas y daños, países vulnerables, pequeños Estados insulares y países con menor margen fiscal;
• si la COP31 aborda también las barreras estructurales que frenan la implementación: deuda, alto coste del capital, falta de capacidad, flujos financieros incompatibles con París y financiación fósil;
• si el segundo Balance Mundial se inicia con capacidad para reforzar la rendición de cuentas, identificar brechas de implementación y evaluar si políticas, financiación y cooperación internacional están a la altura del Acuerdo de París.