De las emisiones a las causas

Durante años, el foco ha estado en reducir emisiones. En Santa Marta, el debate se desplaza hacia su origen: el petróleo, el gas y el carbón.

El encuentro no siguió el formato de una negociación formal. Sin textos que cerrar, ni posiciones que defender, se abrió un espacio poco habitual en la gobernanza climática: conversaciones directas sobre cuestiones que suelen bloquear el multilateralismo.

En ese contexto han aflorado temas incómodos: la dependencia fiscal de los combustibles fósiles, el papel de los subsidios o las tensiones entre desarrollo económico y descarbonización. También ha quedado claro que muchos países, especialmente en el Sur Global, no pueden abandonar estos recursos sin asumir costes económicos relevantes.

Este enfoque introduce elementos que rara vez ocupan el centro del debate climático y pone de relieve una realidad clave: la transición no es solo tecnológica, sino estructural.

Por ello, este tipo de espacios —difíciles de encajar en la lógica de la CMNUCC— se plantean como complementarios, necesarios para avanzar allí donde los procesos formales encuentran más límites.

Qué deja Santa Marta

Más que acuerdos, la conferencia define una base de trabajo que puede influir en los próximos años:

• Continuidad del proceso: se anuncia una segunda conferencia en 2027, coorganizada por Tuvalu e Irlanda, consolidando este espacio como un proceso sostenido.
• Apoyo científico aplicado: se crea el panel TAFF, orientado a acompañar decisiones concretas y el desarrollo de hojas de ruta nacionales.
• Tres ámbitos clave de acción:

• • Sistemas energéticos, centrados en cómo producimos y usamos la energía.
  • Sistema financiero, con foco en subsidios, deuda y acceso a financiación.
  • Comercio e inversión, que condicionan las reglas económicas de la transición.

El mensaje de fondo es claro: el principal obstáculo no es tecnológico, sino político y económico.

En paralelo, la dimensión social adquiere un papel central. La transición solo avanzará si incorpora mecanismos para gestionar cierres de actividades, proteger a los territorios afectados y repartir de forma equitativa los costes y beneficios.

Santa Marta lo evidencia: sin abordar estas condiciones, el proceso será necesariamente desigual y, en algunos contextos, difícilmente viable.

El siguiente paso será comprobar si este proceso logra traducirse en alianzas, cooperación y compromisos reales en el camino hacia la COP31.