En un momento en el que la financiación climática y las pérdidas y daños ganan peso en la agenda internacional, una investigación publicada en Nature introduce un elemento clave: la posibilidad de cuantificar el daño climático atribuible a países concretos.

El estudio estima que las emisiones de Estados Unidos entre 1990 y 2020 han causado unos 10,2 billones de dólares en daños globales, seguido de China (8,7 billones) y la Unión Europea (6,42 billones).

Más allá de las cifras, el análisis reorienta el debate: no solo cuánta financiación requiere la acción climática, sino cómo vincular esa financiación a los daños derivados de las emisiones pasadas.

Del coste social del carbono a las pérdidas y daños

La novedad del estudio no reside solo en el volumen de las cifras, sino en el marco que propone. Los autores desarrollan una metodología que conecta emisiones, aumento de temperatura e impacto económico, y descomponen las pérdidas y daños en tres partes: daños históricos de emisiones pasadas, daños futuros derivados de esas mismas emisiones y daños futuros de emisiones presentes o futuras .

Este punto es especialmente relevante porque muestra que el daño climático no ocurre únicamente en el pasado. Según el artículo, los daños futuros de las emisiones pasadas son al menos un orden de magnitud mayores que los daños ya registrados. Una tonelada de CO₂ emitida en 1990 habría causado unos 180 dólares en daños globales acumulados hasta 2020, pero generará además unos 1.840 dólares adicionales hasta 2100.

La implicación es clara: compensar los daños ya ocurridos no equivale a resolver el problema de las emisiones históricas. La mayor parte del impacto todavía está por desplegarse durante las próximas décadas.

El daño medido sigue siendo parcial

Otro punto importante del estudio es que, aun con cifras tan elevadas, los daños estimados probablemente subestiman el coste real.

Los autores explican que su análisis se centra en un canal agregado: el impacto de la temperatura sobre el crecimiento del PIB. Quedan fuera o mal contemplados otros daños relevantes, como los relacionados con salud, biodiversidad, pérdida de ecosistemas, pérdida de patrimonio cultural, subida del nivel del mar, ciclones tropicales u otros eventos extremos .

Eso significa que los más de 10 billones atribuidos a Estados Unidos no deben leerse como una cifra total cerrada, sino como una estimación parcial dentro de un marco todavía conservador.

Quién emite y quién soporta el daño

El estudio también confirma una dinámica conocida en la política climática, pero ahora con cifras más concretas: el daño no se distribuye de manera uniforme.

En el caso de Estados Unidos, alrededor del 30% de los daños atribuibles a sus emisiones se producen dentro del propio país, lo que equivale a unos 2,97 billones de dólares, mientras que un 14% afecta a la Unión Europea, unos 1,39 billones. Además, el propio resumen del artículo ofrece ejemplos de impactos concretos: las emisiones estadounidenses desde 1990 habrían causado unos 500.000 millones de dólares en daños en India y unos 330.000 millones en Brasil .

Sin embargo, los autores subrayan un matiz importante: que un país aparezca como receptor de daños no implica automáticamente que deba ser considerado beneficiario neto de transferencias. La ciencia puede ayudar a cuantificar impactos; la traducción de esos impactos en obligaciones financieras sigue siendo una cuestión jurídica, ética y diplomática.

Así, muchos países vulnerables afrontan impactos climáticos crecientes al mismo tiempo que arrastran una fuerte carga de endeudamiento. Eso limita su capacidad para invertir en adaptación, responder a desastres o sostener servicios públicos básicos. En ese contexto, el debate sobre pérdidas y daños ya no puede separarse del debate sobre espacio fiscal.

El artículo apunta precisamente a posibles mecanismos más allá de las transferencias directas. Entre ellos menciona los debt-for-climate swaps, es decir, canjear deuda vinculado a acción climática, como una de las vías posibles para abordar daños ya ocurridos. No se presenta como la solución definitiva, pero sí como parte del paquete de opciones que gana relevancia a medida que se consolida la evidencia sobre el coste económico del cambio climático.

Qué cambia de cara a la COP31

De cara a la COP31, este tipo de evidencia llega en un momento especialmente delicado para la financiación climática internacional.

La salida de Estados Unidos del marco multilateral de la UNFCCC (y la consiguiente retirada de sus contribuciones) introduce un elemento adicional de presión sobre un sistema que ya mostraba signos de estancamiento. La financiación climática global no solo sigue por debajo de las necesidades estimadas, sino que además enfrenta un contexto de mayor fragmentación geopolítica y menor capacidad de movilización colectiva.

En este escenario, el debate financiero dentro de las COP está evolucionando en dos direcciones que no siempre convergen:

• Por un lado, varios países en desarrollo siguen insistiendo en la necesidad de aumentar el volumen total de financiación, especialmente para adaptación y pérdidas y daños, apoyándose cada vez más en argumentos vinculados a la responsabilidad histórica, como los que refuerza este tipo de estudios.
• Por otro, algunos países desarrollados están desplazando el foco hacia la calidad, eficiencia y movilización de capital privado, en un contexto en el que el margen político para aumentar contribuciones públicas parece limitado.

Sin embargo, el argumento de la escasez de recursos no es incuestionable. La experiencia reciente (desde la movilización masiva de fondos durante la pandemia de COVID-19 hasta respuestas rápidas ante crisis energéticas o de seguridad) muestra que, en determinados contextos, los recursos pueden movilizarse con rapidez y en grandes volúmenes. Esto introduce una tensión adicional en el debate climático: no se trata solo de capacidad financiera, sino de prioridades políticas.

En paralelo, la creciente evidencia sobre el coste económico del cambio climático añade presión sobre el sistema. Si los daños pueden cuantificarse y atribuirse, la discusión deja de centrarse únicamente en compromisos voluntarios y se acerca progresivamente a cuestiones de responsabilidad, compensación y legitimidad del sistema internacional.