La dimensión finaciera de la COP30, como ya ocurrió el año pasado en Bakú, se encuentra en el corazón del proceso climático. Y también es uno de los principales cuellos de botella ya que determina la viabilidad de los esfuerzos de implementación. Sin medios financieros adecuados, los países vulnerables no tienen todas las capacidades económicas para la implementación de sus planes climáticos, lo que impacta en la arquitectura global, que pierde credibilidad. La financiación, por tanto, se convierte en el puente que conecta la ambición con la implementación. 

Desde su creación, la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático (CMNUCC) reconoce que los países desarrollados, responsables históricos de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), deben apoyar a los países en desarrollo con recursos públicos y previsibles, obligación recogida también por el artículo 9.1 del Acuerdo de París. Pero, a pesar de ser una obligación fundacional, no se operativiza de manera adecuada y los fondos llegan tarde, llegan mal o simplemente no llegan. La brecha de financiación es triple:

• De cantidad, porque las cantidades prometidas están muy por debajo de las necesidades reales.
• De calidad, porque gran parte de los fondos se transfieren en forma de préstamos que reducen todavía más el espacio fiscal de los países vulnerables.
• De riesgo, ya que la inacción por falta de capacides de inversión se convierte inevitablemente en pérdidas y daños, generando necesidaes de remediación mayores.

La COP29 supuso un punto de partida que hacía llegar a Belém con gran parte del proceso por construir. Bakú dejó un nuevo objetivo colectivo cuantificado sobre financiación climática (NCQG) fijado en 300.000 millones de dólares anuales en financiación pública,  y de 1,3 billones de dólares movilizados incluyendo otras fuentes, especialmente privadas. Este objetivo, muy lejos de lo que pedían los países más vulnerables y la sociedad civil, debía avanzar por lo que la COP30 convocó un Círculo de Ministros de Finanzas que elaboró la Hoja de Ruta de Bakú a Belém, un documento técnico que traza el camino para materializar el NCQG (ver enlace). El documento marca una hoja de ruta articulada en cinco propuestas que buscan multiplicar las aportaciones en forma de subvenciones y capital concesional, reformar la arquitectura financiera internacional para abaratar el coste del capital, ampliar el espacio fiscal de los países vulnerables y canalizar inversión privada a gran escala:

• Reabastecimiento de subsidios, financiamiento concesional y capital de bajo costo (replenishing).
• Reequilibrio del espacio fiscal y de la sostenibilidad de la deuda (rebalancing).
• Redirección del financiamiento privado transformador y reducción del costo de capital (rechanneling).
• Reestructuración de la capacidad y de la coordinación para carteras climáticas a gran escala (revamping).
• Reformulación de sistemas y estructuras para flujos de capital equitativos (reshaping).

La hoja de ruta tiene un mensaje de fondo inequívoco, los recursos existen, las herramientas también. Se requiere voluntad política para poner en marcha las propuestas diseñadas.

En Belém, la Unión Europea, que hoy es el principal contribuyente climático mundial (y que, con la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, tiene que aumentar sus contribuciones al reducirse los donantes), insiste en abrir el debate sobre quién debe aportar a la financiación climática. Basándose en el artículo 9.2 del Acuerdo de París, la UE pide actualizar la lista de países desarrollados, una lista construida con criterios de los años 90 y que deja fuera de este grupo a economías como las de China, Arabia Saudí o Corea del Sur. Para muchos países en desarrollo, esta propuesta, supone una estrategia dilatoria para no asumir responsabildiades y la ven como una línea roja, argumentando que no han recibido la financiación prometida durante décadas, y que su propio desarrollo sigue limitado por flujos insuficientes y condicionados. Este choque histórico, estructural y profundamente político está marcando el ritmo del debate.

Para completar el mapa de actores, el bloque de los 24 países reconocidos como Like-Minded Developing Countries (LMDC), solicitó añadir a la agenda de la COP30 un nuevo punto sobre el artículo 9.1 y otro sobre medidas unilaterales de mercado que suponen nuevas amenazas para el acceso a la financiación. La Presidencia los ha incluido dentro de un paquete de temas más amplio, incluyendo la brecha de implementación y el seguimiento de implementación del Acuerdo de París. Mañana, sábado, en el plenario se podrá comprobar el estado actual de las negociaciones y el avance del proceso.

Fuente: Sala de reuniones paralelas a la negociación, COP30. Equipo AmbiciónCOP.

El otro gran frente es la negociación sobre el artículo 2.1.c del Acuerdo de París y la necesidad de alinear los flujos financieros, públicos y privados, con un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima. La cuestión más relevante se centra en la manera de establecer principios, salvaguardas y reglas mínimas sin que se perciba como una intromisión en la soberanía de las Partes, ordenando los flujos financieros globales para redirigir billones de dólares hacia la transición.

Se reclaman, para avanzar en este sentido, la implementación de diferentes medidas como la reforma de los bancos multilaterales de desarrollo (ver enlace), la implementación de impuestos internacionales a sectores intensivos en emisiones (transporte marítimo, aviación, combustibles fósiles, riqueza extrema), el desarrollo de tasas a beneficios extraordinarios de la industria fósil o mecanismos para dejar de financiar la expansión de petróleo y gas. Estas propuestas se apoyan en diferentes documentos y análisis, como los que realiza la Global Solidarity Levies Task, coalición lanzada en la COP28 y formada por 12 países y diversos organismos internacionales. O la sociedad civil, como el documento al que hacíamos referencia ayer, Make pollutters Pays, elaborado por Eurodad y la Alianza Global para la Justicia Fiscal (GATJ).

Fuente: Acción de la sociedad civil por una financiación suficiente para la acción climática, COP30. Equipo AmbiciónCOP.

Por el momento, esta cumbre no está teniendo grandes anuncios de promesas de fondos (como ocurrió en Dubái en la COP28):  

• El Fondo de Adaptación continúa sin los recursos prometidos.
• El Fondo de Pérdidas y Daños inició su fase operativa, pero sigue necesitando una ampliación masiva.
• El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) lanzaron la Iniciativa Conjunta de Canje de Deuda por Resiliencia con Garantías Múltiples, un mecanismo pionero destinado a aliviar la presión de la deuda y fortalecer la preparación ante desastres en toda la región del Caribe
• Alemania y España anunciaron 100 millones de dólares para el programa ARISE del CIF, centrado en resiliencia económica sostenible (63,25 y 36,8 millones de dólares).
• España ha anunciado contribuciones por un total de 45 millones de euros, distribuidas entre el fondo de adaptación, el fondo de respuesta a pérdidas y daños y el mecanismo financiero para observaciones sistemáticas de la Organización Meteorológica Mundial.

El seguimiento de las aportaciones a los principales fondos climáticos se puede realizar a través la de organización Natural Resources Defense Council (NRDC), ver enlace.

Fuente: Cierre de la entrada a la COP30 por movimientos indigenas amazónicos. Equipo AmbiciónCOP.

La jornada ha amanecido marcada por una imagen que resume el trasfondo de esta cumbre. Comunidades indígenas han bloqueado pacifícamente el acceso principal al recinto, reivindicando su derecho a un entorno sano y la defensa de sus territorios amenazados por proyectos de extracción de combustibles fósiles. Mujeres, hombres y niños poniendo encima de la mesa de negociación que la crisis climática no solo es un debate técnico sino que, para muchas personas, es una cuestión de supervivencia.

Tres noches atrás, otro grupo de comunidades locales, intentó acceder pacíficamente al recinto, que fue reprimido al evitar la protesta. Hoy, su movilización volvió a evidenciar la necesidad de escuchar e incluir a las comunidades, no como un gesto simbólico sino como actores legítimos del proceso, custodios de territorios clave para la estabilidad climática del planeta.

Durante horas, el recinto ha ido abriendo y cerrando el acceso en función del avenca de la protesta. La CMNUCC aseguró por correo que “no había peligro”, mientras el secretario ejecutivo, Simon Stiell, envió una carta oficial exigiendo a la Presidencia de la COP30 mejorar las deficiencias en seguridad. Mientras, en las puertas de la cumbre, participantes han formado cadenas humanas alrededor de las comunidades movilizadas para evitar un uso desproporcionado de la fuerza, sobre todo ante la presencia masiva de fuerzas policiales y militares. Justo después de celebrar el día dedicado a la justicia y a los derechos humanos, la realidad ha dejado patente que no habrá transición justa si quienes protegen la tierra siguen siendo excluidos del proceso y reprimidas sus voces.

Fuente: Campaña para señalar a los lobistas de la industria fósil, COP30. Equipo AmbiciónCOP.

Checkpoint fósil en Belém: quién acelera y quién pisa el freno.

En todas las cumbres se esperan análisis con mucho interés. Uno de estos es el que lleva a cabo Kick Big Polluters Out (KBPO).

Esta coalición de organizaciones analiza desde la COP21 el listado de registros analizando la vinculación de los asistentes con la industria de los combustibles fósiles (ver enlace). Y el número de delegados vinculados a los sectores del petróleo, el gas y el carbón es de 1.602.

Aunque es una cifra más baja que en las citas de Bakú y Dubái (record con 2.456), la proporción sigue siendo de un delegado vinculado al sector por cada 25 particinates. Esta cifra supone que los grupos de presión de los combustibles fósiles han recibido dos tercios más de pases que todos los delegados de los 10 países más vulnerables combinados (1.061) lo que, según KBPO, pone de relieve cómo la presencia de la industria sigue eclipsando la de quienes están en primera línea de la crisis climática. El análisis también concluye que varios países del Norte Global han incluido representantes del sector en sus delegaciones oficiales. Por ejemplo, Francia aportó 22 delegados, Japón 33 o Noruega 17. 

Pero no todo son sombras. La Declaración de Belém para la Transición de los Combustibles Fósiles continúa sumando apoyos, ahora también desde gobiernos subnacionales a través de Under2Coalition. Y Colombia anunció que declarará toda su región amazónica, 48 millones de hectáreas que suponen el 42% del territorio continental del país y el 7% de toda la Amazonía, como zona libre de petróleo y de minería a gran escala. Una decisión que protege seis departamentos amenazados por carreteras ilegales, acaparamiento de tierras, minería informal, 43 bloques petroleros y casi 300 solicitudes mineras aún sin autorización.

Por otra parte, el llamamiento del presidente brasileño a favor de hojas de ruta claras para una eliminación gradual justa de los combustibles fósiles ha sido respaldado por 62 países. Además, en el marco de las negociaciones de la cumbre, se está avanzando en una nueva propuesta conocida informalmente como parte del "Pacto Mutirão", equivalente a una decisión de cobertura que está respaldada por más de 120 países (pertenecientes a AOSIS, PMA, AILAC y UE, además de Sudáfrica y Australia).