En un Consejo extraordinario de Ministros de Medio Ambiente, con un día de retraso, los 27 países han aprobado su nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), el plan común que define cómo reducirá sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2035. Esta NDC, que llega con meses de retraso respecto a los plazos marcados por Naciones Unidas, solo fija un rango de reducción de entre el 66,25 % y el 72,5 %, respecto a los niveles de 1990.

El resultado evidencia la falta de acuerdo político interno, en una Unión Europea dividida entre países que defendieron la máxima ambición —como España, Dinamarca o Suecia— y otros que reclamaron más flexibilidad y compensaciones, como Polonia, Hungría o la República Checa. La UE ha optado por remitir un rango en lugar de un objetivo firme, una decisión que supone un golpe a su credibilidad justo antes de la cumbre que conmemora los diez años del Acuerdo de París.

Junto con la NDC, la UE también adoptó su Ley Climática para 2040, que fija un objetivo de reducción del 90 % de las emisiones para 2040 respecto a 1990. Este objetivo se divide en componentes claros: una reducción doméstica del 85 %, complementada por hasta un 5 % mediante créditos internacionales, lo que implica recurrir parcialmente a compensaciones externas en lugar de reducir todas las emisiones dentro del bloque. También incluye una postergación de un año en la ampliación del Sistema de Comercio de Emisiones 2 (ETS2), lo que ha sido criticado por debilitar la señal de precio al carbono en un momento en que debería reforzarse. Aunque la adopción de la Ley 2040 representa un avance en el diseño de una hoja de ruta europea hacia la neutralidad climática, la combinación de objetivos diluidos, créditos internacionales y retrasos regulatorios debilita el mensaje político que la UE pretendía enviar a la comunidad internacional.

¿Qué es una NDC y por qué importa?

Las NDC son el instrumento central del Acuerdo de París. Cada país (o grupo de países, como la UE) debe presentar cada cinco años un plan climático con metas más ambiciosas para reducir emisiones, adaptarse al cambio climático y movilizar financiación.

Estos compromisos se evalúan colectivamente a través del Balance Global, que mide si el mundo avanza hacia el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C.

El último informe de síntesis de Naciones Unidas, publicado en octubre, advierte que los compromisos presentados por los 64 países que entregaron sus NDC a tiempo solo permitirían una reducción del 17 % de las emisiones globales en 2035 respecto a 2019, cuando la ciencia exige al menos un 60 %. En este contexto, el papel de la UE era clave para mantener viva la meta de 1,5 °C.

Liderazgo europeo en duda de camino a Belém 

La nueva NDC europea llega en un momento político especialmente difícil, marcado por una menor voluntad política, la presión de los lobbies fósiles y el avance de gobiernos más conservadores que ralentizan las decisiones sobre clima y energía. La falta de consenso interno proyecta una imagen de fragmentación y falta de rumbo, en un momento en el que el mundo necesita claridad y determinación. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia recordó este año que prevenir daños significativos al sistema climático no es una opción política, sino una obligación jurídica: los países deben actuar en coherencia con sus responsabilidades históricas y legales.

La COP30 se celebra en un momento simbólico: diez años después del Acuerdo de París, en el corazón de la Amazonía. La cita marcará el inicio del nuevo ciclo de compromisos climáticos y pondrá a prueba la capacidad de los países para transformar sus promesas en acciones concretas. La UE, que se comprometió a liderar con el ejemplo, deberá demostrar en Belém que su rango de reducción no es un techo, sino un punto de partida hacia una mayor ambición. Mantener la credibilidad requiere traducir esta NDC en políticas nacionales sólidas, inversión verde y apoyo a una transición justa que no deje a nadie atrás.