La COP30 tiene que ser una cumbre económica. No solo porque la transición ecológica depende del dinero, sino porque el futuro del desarrollo, la estabilidad social y la competitividad global se decidirán en ese terreno. El clima ya no es un asunto ambiental aislado: es el centro de las políticas financieras, industriales y geopolíticas.

La cuestión es sencilla y explosiva a la vez: ¿quién y cómo se paga la transición?

La transición tiene un precio que no se está pagando

Durante más de una década, las grandes economías prometieron 100.000 millones anuales para apoyar la acción climática en los países en desarrollo. No cumplieron. Y hoy, esa cifra ya no es significativa. La transición justa exige al menos 1 billón de dólares al año para los países en desarrollo antes de 2030, solo para poder cumplir con sus compromisos climáticos. No se trata solo de tecnología, sino de infraestructuras, protección social, capacidades institucionales y nuevas cadenas de valor.

Sin embargo, los flujos actuales están muy por debajo de lo necesario. Y lo más grave: los países que menos han contribuido al calentamiento global son los que más sufren sus impactos y los que tienen menos acceso a financiación. Según un estudio, de los 116.000 millones anunciados en 2022, solo entre 28.000 y 35.000 millones fueron apoyo real y efectivo. Casi dos tercios se entregaron como préstamos, no subvenciones. En la práctica, los países del Sur recibieron unos 62.000 millones en préstamos, pero deberán devolver hasta 88.000 millones. Es decir: la “financiación climática” genera beneficios para quienes la otorgan. Los países más vulnerables apenas reciben una parte mínima: los países menos adelantados recibieron solo el 19,5% y los pequeños Estados insulares menos del 3%.

Si la transición se convierte en un privilegio del Norte Global, el fracaso está garantizado. La COP30 debe resolver no solo cuánto dinero se moviliza, sino cómo se distribuye y con qué criterios de justicia. Porque financiar la acción climática no es un gesto de ayuda: es una obligación basada en equidad y coherencia.

Asegurar que nadie se quede atrás significa que cada plan climático o NDC debe ir acompañado de medios reales. De lo contrario, los países del Sur seguirán presentando planes climáticos “ambiciosos” que luego no pueden implementar. La brecha entre compromisos y capacidad es el mayor riesgo para la credibilidad del sistema. Además de esto, se necesita financiación adicional para el fondo de pérdidas y daños, para la adaptación y para cumplir con el Nuevo Objetivo Cuantificado Colectivo (NCQG) acordado en la COP29 de Bakú.

El clima ya no es “medio ambiente”: es economía real

La transición climática no será posible sin implicar a empresas, bancos, mercados de capitales y cadenas de suministro. La economía real no puede seguir observando desde fuera: debe ser parte activa de la solución. No hacerlo tiene un coste enorme: el cambio climático podría reducir el PIB mundial entre un 11 % y un 19 % de aquí a 2050, lo que equivale a entre 26 y 38 billones de dólares en pérdidas cada año. En algunas regiones del Sur Global, la caída del PIB podría superar el 20 %. Es decir: financiar la transición es mucho más barato que pagar los daños de la inacción.

Pero hay un obstáculo silencioso que condiciona todo: la desinformación. Ya no se rechaza tan abiertamente la realidad climática: entre otros métodos, se distorsiona su coste para frenar la acción. La desinformación económica se ha convertido en una estrategia deliberada para frenar la transición y proteger intereses establecidos, porque apela al bolsillo, al miedo y a la identidad.

Ya lo estamos viendo rumbo a la COP30: se utilizan problemas reales —como la vivienda en Belém— para construir narrativas falsas que presentan la acción climática como una amenaza al bienestar de la población. La COP está bajo ataque porque ya no es solo una cumbre ambiental, sino un espacio donde se deciden recursos, inversiones y modelos productivos. 

Por eso, la integridad de la información es tan importante como la financiación o la tecnología. Sin datos fiables, sin transparencia y sin instituciones que protejan la verdad, cualquier política climática puede ser capturada por intereses fósiles o destruida por campañas de miedo.