El informe que desmonta la excusa de “no hay recursos”.

El estudio We Can Pay For It de Oil Change International revela que los países con mayor responsabilidad histórica en la crisis climática podrían apalancar más de 6 billones de dólares anuales para financiar mitigación, adaptación, pérdidas y daños, y una transición energética justa. 

No se trata de pedir préstamos adicionales ni de recortar servicios esenciales, sino de reorientar lo que ya se invierte: eliminar subsidios a los combustibles fósiles, aplicar impuestos justos a las grandes fortunas y corporaciones, cerrar vacíos fiscales y redirigir el gasto público hacia lo que realmente importa.

Este hallazgo cambia la conversación. La falta de dinero ya no puede ser una excusa: lo que falta es decisión política para priorizar el bien común por encima de los intereses de la industria fósil y los privilegios de unos pocos. 

Además, la comunidad internacional lo reconoció en la COP28 de Dubai, donde se acordó “avanzar en la transición fuera de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, de manera justa, ordenada y equitativa” y eliminar gradualmente los subsidios ineficientes “lo antes posible”. Pero ese consenso llegó tras duras negociaciones, con la resistencia de lobbies industriales y de países cuya economía sigue anclada a los ingresos fósiles.

Lo que está en juego

La urgencia de actuar se entiende mejor a la luz de lo que confirma la ciencia. Un artículo reciente publicado en Nature muestra cómo un grupo reducido de grandes empresas emisoras de carbono concentra una parte desproporcionada de la responsabilidad. Las 14 principales compañías —incluidas gigantes como Saudi Aramco, Gazprom, ExxonMobil, Chevron, BP, Shell o CHN Energy— representan por sí solas el 30 % de las emisiones acumuladas de CO₂ de origen humano. Es una cifra equivalente a la suma de las otras 166 grandes empresas emisoras de carbono.

La fotografía por países también es reveladora: 33 de esas compañías tienen su sede en Estados Unidos (10 % del total global de emisiones), y otras 33 en China (12 %). La crisis no es, por tanto, un fenómeno abstracto, sino el resultado directo de decisiones de actores concretos.

Una transición que debe ser justa

Salir de los combustibles fósiles no significa simplemente cerrar pozos y refinerías. Supone transformaciones sociales y económicas profundas. El informe Prosperity Post Fossil Fuels, elaborado por Climate Strategies, advierte que muchos países productores de petróleo y gas enfrentan un dilema estructural: dependen de los ingresos fósiles para sostener sus presupuestos, pero esa misma dependencia los hace frágiles en un mundo que debe descarbonizarse.

La transición, por tanto, debe contemplar mucho más que tecnología limpia. Implica diversificar economías, generar alternativas laborales, proteger a comunidades enteras y hacerlo con cooperación internacional y mecanismos de apoyo adecuados. La justicia climática exige que nadie quede atrás: ni los países más vulnerables a los impactos del clima, ni las poblaciones que hoy dependen de industrias fósiles para sobrevivir.

El camino por delante

La COP30 debe marcar un verdadero punto de inflexión en el abandono de los combustibles fósiles, y para lograrlo necesitamos que más países den la cara de manera clara y decidida. En este sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas abre una nueva oportunidad. El Gobierno de Colombia anunció oficialmente que en abril de 2026 organizará la Primera Conferencia Internacional para la Eliminación de los Combustibles Fósiles. Será la primera cumbre intergubernamental de este tipo, una cita histórica que ofrecerá a los países una plataforma global para cooperar en la definición de estrategias concretas para dejar atrás el petróleo, el gas y el carbón.