El camino hacia la COP30 en Belém, prevista como una cumbre histórica por celebrarse en plena Amazonia, ha sumado un nuevo capítulo de debate. El gobierno de Brasil ha adjudicado el contrato de comunicación de la conferencia a Edelman, una de las mayores agencias de relaciones públicas del mundo, conocida también por su larga trayectoria de trabajo con empresas de la industria fósil como la American Petroleum Institute, Shell o TransCanada, y por campañas a favor de proyectos controvertidos como el oleoducto Keystone XL. Aunque en 2015 anunció que dejaría de colaborar con empresas negacionistas del cambio climático, sus vínculos con el sector fósil se han mantenido en años posteriores.

La noticia ha despertado críticas en organizaciones de la sociedad civil y del ámbito de la salud, que advierten del riesgo de incoherencia: ¿cómo puede una empresa que ha diseñado estrategias para petroleras y gasistas ser la encargada de transmitir al mundo el mensaje de la mayor cita global para acelerar la acción climática?

Más que una polémica: un síntoma

El caso de Edelman no es solo una anécdota. Es un recordatorio de las tensiones que atraviesan las COP: espacios donde se negocia la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, pero donde sus lobbies siguen presentes; foros que aspiran a impulsar una transición justa, pero donde las voces más vulnerables tienen dificultades para hacerse oír; cumbres que se celebran en lugares icónicos como la Amazonia, mientras la narrativa oficial queda en manos de actores con intereses muy alejados de la justicia climática.

¿Quién cuenta la transición?

La inclusión es una palabra recurrente en el debate climático: se invoca para dar espacio tanto a las comunidades más vulnerables como a los actores de la llamada “economía real”. Pero este concepto, tan amplio, a menudo termina por abrir la puerta también a quienes no muestran voluntad de transformar su modelo de producción y consumo, manteniendo en la mesa a los mismos intereses que la transición pretende superar.

Por eso, la transición justa no es solo un cambio tecnológico o económico: es también una disputa de narrativas. ¿Quién tiene el derecho y la legitimidad de contar el futuro climático?, ¿los movimientos sociales que ponen en el centro la justicia intergeneracional y comunidades amazónicas que defienden sus territorios, o las consultoras con una larga trayectoria de colaboración con la industria de combustibles fósiles y que han contribuido a diluir la responsabilidad de las petroleras?

Reconocer las tensiones para avanzar

Las COP no son espacios asépticos ni idealizados: reflejan las complejas relaciones de poder económico y político que atraviesan la transición energética. Reconocer estas contradicciones no significa restar legitimidad al proceso, sino comprenderlo mejor y actuar en consecuencia.

La COP30 puede ser un momento decisivo para acelerar la acción en un contexto crítico: aumentar la ambición de los compromisos nacionales y reforzar la cooperación internacional. Pero para que esta ambición sea creíble, la comunicación y la narrativa también deben reflejar los principios de inclusión, transparencia y justicia que están en el centro del Acuerdo de París.