La arquitectura multilateral construida alrededor de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) atraviesa un momento delicado. La creciente urgencia climática, la falta de avances en compromisos clave y el debilitamiento del consenso internacional han puesto al sistema en una fase crítica.

Cada vez se percibe más desafección hacia los espacios multilaterales. En 2024, por ejemplo, Papúa Nueva Guinea anunció que no asistiría a la COP29, calificándola de “pérdida de tiempo” frente a la posibilidad de avanzar mediante acuerdos bilaterales con países más desarrollados. Aunque este tipo de acuerdos puede ser útil, no bastan para enfrentar un desafío de escala global. La acción climática requiere marcos comunes, responsabilidad compartida y un fuerte sentido de solidaridad internacional.

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos —uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero— el sistema sufrió una sacudida importante. Su negacionismo climático y la salida del Acuerdo de París durante su mandato sentaron un precedente preocupante, cuyos efectos aún generan incertidumbre en el proceso multilateral. Ahora, con la posibilidad de un regreso de estas posturas en 2025, el riesgo de una nueva parálisis climática vuelve a estar presente.

En este contexto, la COP30, que se celebrará en noviembre de 2025 en Belém (Brasil), será una cita clave para poner a prueba la capacidad del sistema internacional de gobernanza climática para adaptarse a un escenario geopolítico, económico y social cada vez más complejo. A una década del Acuerdo de París, el momento de actuar —de verdad— ha llegado.

A pesar de los bloqueos en el sistema tradicional, se observa una reconfiguración de alianzas. El G77 + China ha cobrado protagonismo al impulsar demandas clave como el financiamiento climático y la compensación por pérdidas y daños. China, por su parte, ha comenzado a adoptar un rol más proactivo en materia climática, no solo en el plano interno, sino también en el liderazgo diplomático. También han surgido coaliciones temáticas funcionales, como la Solidarity Levies Task Force, que promueve mecanismos fiscales innovadores (gravamientos sobre el carbono, la aviación o las grandes fortunas) para financiar la acción climática. Este nuevo multilateralismo flexible se basa en la cooperación entre países con intereses comunes, capaces de construir propuestas y luego llevarlas al espacio de negociación formal.

Ante este panorama, la Presidencia brasileña de la COP30 ha articulado una propuesta para revitalizar el sistema desde una lógica más realista e inclusiva. Entre sus elementos clave:

• La creación de un Círculo de Presidencias de la COP21 a la COP29 para acompañar la preparación e implementación de la COP30.
• Un llamado a un “mutirão global”: una movilización colectiva que integre a gobiernos, sociedad civil, sector privado, academia y pueblos indígenas.
• Un enfoque que reconoce los avances del Acuerdo de París, pero subraya la necesidad urgente de pasar de los compromisos a la implementación concreta, tanto dentro como fuera de la CMNUCC.

Este liderazgo no está libre de contradicciones. Brasil, como país productor de petróleo y con infraestructuras controvertidas en la Amazonía —como nuevas autopistas—, enfrenta tensiones internas que ponen en entredicho la coherencia de su discurso climático. Aun así, su peso geopolítico y su compromiso con una diplomacia ambiental activa lo convierten, hoy por hoy, en un actor clave para impulsar una renovación del sistema multilateral.

Más allá de los gobiernos, los actores no estatales —como ciudades, empresas, organizaciones sociales o redes académicas— están ganando protagonismo en el panorama climático. Espacios como el Pacto de Marrakech, donde confluyen administraciones y agentes no gubernamentales, demuestran que estas fórmulas híbridas pueden complementar —e incluso presionar— al sistema formal. No sustituyen a la CMNUCC, pero sí aportan agilidad, innovación y una mirada más cercana a los territorios.

Fortalecer el multilateralismo no implica volver a modelos del pasado, sino avanzar hacia una gobernanza climática más distribuida, transparente y conectada con la ciudadanía. Por eso, es fundamental garantizar la participación activa de la sociedad civil, los movimientos juveniles y los pueblos indígenas. Su papel es clave para asegurar que el proceso climático tenga legitimidad social, y que los compromisos asumidos se cumplan con responsabilidad y justicia.