Desde su lanzamiento Sharm-El-Sheikh, el Fondo para Pérdidas y Daños ha seguido su proceso de constitución convirtiéndose en uno de los temas claves para avanzar en las negociaciones climáticas.

Durante la jornada de hoy de la Semana del Clima de América Latina y el Caribe (LACCW 2023) se ha realizado una sesión en la que se ha hecho un balance del trabajo del Comité de Transición de Pérdidas y Daños. Y ya se ha explicitado que los trabajos del comité no avanzan con el necesario consenso para llegar a la cita de la COP28 con una propuesta negociada. De hecho, se anuncia una reunión extraordinaria para comienzos de noviembre que permita romper algunas de las barreras que se presentan en el proceso.

Angela Rivera, asesora oficina de Asuntos Internacionales y Cambio Climático Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia e integrante del comité de transición que nos encontramos con posiciones enfrentadas en aspectos claves entre el bloque de países desarrollados (países contribuyentes) y el G77 más China (países receptores), y apunta 3 cuestiones fundamentales:

¿Dónde se integra el fondo?
Existe una fuerte divergencia entre los diferentes bloques (G-77 más China y los países desarrollados) por la ubicación del órgano gestor del fondo. Desde los países receptores de las ayudas se exige un modelo de gestión independiente y los países contribuyentes piden que el fondo se integre en el ámbito del Banco Mundial. Se argumenta que esta integración dificultará la gobernanza individualizada del fondo y generará problemas con otros fondos vinculados a la financiación de los esfuerzos de adaptación.

¿Quién financia el fondo?
Desde los países contribuyentes se exigen recursos suficientes, predecibles y dirigidos a la restauración de las pérdidas y daños. Pero, hasta el momento, no se han realizado contribuciones al fondo, lo que provoca mayor posicionamiento en bloques al no avanzar con la urgencia necesaria.

¿Quiénes pueden acceder al fondo?
No hay un acuerdo entre el tipo de países que pueden ser receptores de las ayudas del fondo. Se habla de un fondo que debe de diferenciar entre países receptores y no equitativo. Para ello, se impone por ahora el concepto de países vulnereables. Y se pretende dejar fuera de la priorización a América Latina porque, aunque se reconocen los efectos negativos del cambio climatico, por sus capacidades de resiliencia, no se considera una Región vulnerable respecto a otras. 

A raíz de un infome realizado en 2020 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Colombia se concluye que es el país de la región con el mayor número de desastres naturales vinculados al cambio climático.

Analizando 5 amenazas climáticas se estima que Colombia tiene pérdidas de más de 10.000 millones de dólares anuales.

Desde la Ruta del Clima, su director Adrián Martínez, ha subrayado una idea fuerza fundamental. Las cuestiones de pérdidas y daños están vinculadas a la vulneración de los derechos humanos y a del derecho ambiental internacional. En primer lugar, porque se están vulnerando los derechos fundamentales de las personas más vulnerables, las comunidades "en las que no se encuentra el Estado o el sector privado". Y en segundo, porque existe un derecho de reparación por la falta de acuerdo político para estabilizar las emisiones y evitar las pérdidas y daños, algo reconocido por la CMNUCC.

En la sesión también se han reforzado otras ideas que deben estar presentes en el proceso de desarrollo del fondo para, en palabras de Oscar Guevara, Ejecutivo Principal de la Dirección de Acción Climática y Ambiental de la CAF evitar "la tormenta perfecta para estar años discutiendo sobre el desarrollo del fondo". De esta manera, se apuntan algunas cuestiones a tener en cuenta desde América Latina para contribuir en el proceso:

• Se deben evitar incentivos "perversos" que retarden los esfuerzos de adaptación. Se debe de recompensar a los países que hacen esfuerzos de adaptación.
• No se debe de medir la vulnerabilidad de los países sino los riesgos, realizando análisis concretos.
• Es necesario generar datos concretos, visibilizarlos y preaentarlos en red para el conjunto de la Región.
• El fondo debe ser un instrumento financiero universal, sin dejar a nadie atrás.
• La incertidumbre de la cuestión de pérdidas y daños no debe ser una barrera para la acción. Independientemente del proceso global, los países deben preparar sus instrumentos para estar preparados y abordar la cuestión, sentando las bases que permitas aprovechar el fondo una vez estructurado.
• Hay que reenfocar el debate integrando en la cuestión de pérdidas y daños, precisamente, a las comunidades más afectadas que son también las más marginadas.
• Se debe de tener en cuenta en las NDCs y en las Estrategias Climáticas a Largo Plazo las cuestiones de pérdidas y daños. 
• La COP30 debe ser una oportunidad para presentar una posición unida de América Latina rompiendo la visión de que la Región está retrasando el acuerdo por no estar intergrada entre los países vulnerables.

Participamos en otra sesión paralela. Se explicita el factor humano de las pérdidas y daños en el testimonio de Dalis Morales, representante de la Comunidad Gardi Sugdub, en la Comarca Guna Yala de Panamá.

Nos cuenta como van a dejar de vivir en una isla, desplazados por el aumento del nivel del mar, y su traslado al continente. 

Esta comunidad, integrada por alrededor de 1.500 personas, es el primer caso de desplazamiento organizado y reubicación como consecuencia del cambio climático en América Latina.