Las comunidades vulnerables tienen dificultades para acceder a financiamiento climático que cubra sus necesidades

“En Perú los impactos del cambio climático tienen que ver mucho con nuestros territorios, las comunidades locales y población vulnerable”, recordó Rosa Morales, directora general de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente de Perú. Por este motivo, el país está llevando a cabo una gestión integral de cambio climático incluyendo pueblos indígenas, comunidades de afroperuanos y jóvenes, entre otros.  

A pesar de ello, estos grupos son los que raramente gestionan directamente los fondos de proyectos para la lucha contra el cambio climático. Por este motivo, el Gobierno de Ecuador junto con HELVETAS Swiss Intercooperation, Fundación Avina, TENMYA 21, la alianza Voices for Just Climate Action (VCA) y el proyecto Andes Resilientes organizaron un intercambio sobre soluciones y lecciones aprendidas sobre el financiamiento de acciones climáticas locales en el Sur Global. 

Reuniendo voces, perspectivas y experiencias de comunidades locales, gobiernos, sociedad civil y organizaciones financieras de todo el mundo, el evento mostró un mapa de experiencias en Asia, África y América Latina. Así, los expertos apuntaron una serie de factores que promueven la dificultad de acceder a este tipo de fondos, entre ellos: la complejidad del sistema financiero internacional, la falta de incluir las necesidades de estos grupos en las bases de estos fondos y la dificultad de éstos en definir sus propias necesidades debido al gran número que tienen. 

Según Morales, en Perú, además de la dificultad del acceso a financiación de los recursos públicos y privados, confluyen diversos factores: el desarrollo de capacidades, el acceso a medios tecnológicos, la convergencia de las nuevas tecnologías con los saberes tradicionales. No obstante, “este acceso dejaría a nuestras poblaciones desarrollar soluciones de adaptación locales”, aseguró. 

En Ecuador, se están llevando a cabo varias iniciativas en este sentido, según detalló el Ministro de Medio de Medioambiente, Gustavo Manrique, como el sistema de pago por resultados del programa REDD+, con el que se han obtenido “8,5 millones de dólares por cumplir la reducción de la deforestación”. “Estos recursos van a la comunidad por haber bien protegido estas áreas”, recalcó. 

Asimismo, el gobierno ecuatoriano ha otorgado 2,5 millones de dólares a comunidades de pueblos indígenas para incrementar la capacidad de resiliencia y habilidades para luchar contra el cambio climático. “Otro ejemplo es el programa Socio Bosque con el que, con la cooperación internacional y el esfuerzo económico local, hemos protegido 1,6 millones de hectáreas pagando a la gente por los servicios ecosistémicos que nuestros bosques dan”, explicó Manrique. 

De este modo, se han firmado 250 acuerdos con comunidades para que no deforesten que reciben “el 80% de estos pagos para hacer bioemprendimientos que salen con certificados de cero deforestación”, dijo. Esta experiencia con bosques también se aplica con manglares, de manera que se paga a las comunidades por proteger estos ecosistemas que son una barrera natural ante huracanes y tsunamis. “La conservación y la producción deben ir a la vez en la lucha contra el cambio climático”, concluyó.