Los países en desarrollo van a necesitar entre 5 y 6,9 billones de dólares hasta 2030 para cumplir con sus compromisos climáticos. Y esta estimación no contempla el objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050 ni cubre las necesidades globales.

El resultado: la dimensión del reto financiero es colosal. Es por ello que, en los últimos años, la financiación climática ha sido un tema central en las negociaciones internacionales:

• En 2023, se puso en marcha el fondo de pérdidas y daños, dirigido a compensar los impactos del cambio climático en los países más vulnerables.
• En 2024, se aprobó el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés), que actualiza el marco global de financiación climática para los países en desarrollo.
• En 2025, está previsto que esta financiación comience a implementarse de forma real, con la Hoja de Ruta de Belém y el objetivo de movilizar 1,3 billones de dólares a través de mecanismos de financiación combinada (pública y privada).

Todo ello se enmarca en un contexto internacional complejo, marcado por la reducción de la ayuda oficial al desarrollo, el auge de movimientos políticos contrarios a la acción climática, y cambios en las relaciones de poder a nivel global. En este escenario, la Cumbre de Sevilla sobre financiación al desarrollo, prevista para junio, será una prueba importante para medir el compromiso de los países con el multilateralismo y la cooperación internacional.

Uno de los principales obstáculos sigue siendo la falta de coherencia en los flujos financieros. Un informe reciente de las organizaciones Urgewald y Facing Finance reveló que 4.792 de los 14.000 fondos europeos etiquetados como "ESG" (Environment, Social and Governance) han invertido más de 120.000 millones de euros en empresas relacionadas con combustibles fósiles o sin estrategias de descarbonización creíbles. Este dato refleja la distancia existente entre los objetivos climáticos declarados y el funcionamiento real del sistema financiero.

A pesar de ello, el presidente de la COP30, Corrêa do Lago, ha defendido que las finanzas actuales pueden servir como base para la transición climática, destacando que algunos países en desarrollo con más recursos ya están aportando significativamente.

Sin embargo, la Hoja de Ruta de Belém debe ir más allá de una redistribución de fondos existentes. Es fundamental que el financiamiento sea adicional, previsible y equilibrado entre mitigación, adaptación y compensación por pérdidas y daños. Aunque el sector privado y los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) tienen un papel relevante, no se debe obviar la obligación legal de los países desarrollados de aportar financiación, recogida en el Artículo 9.1 del Acuerdo de París.

La envergadura del reto financiero requiere decisiones políticas firmes, coordinación internacional y mecanismos de supervisión eficaces. Para reunir los recursos necesarios, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil están impulsando medidas como:

• La eliminación progresiva de subsidios directos e indirectos a los combustibles fósiles.
• La creación de mecanismos de tarificación de carbono en sectores de alta emisión, como la aviación, el transporte marítimo y los combustibles.
• La exploración de impuestos sobre el patrimonio de las grandes fortunas para financiar la acción climática.
• La reforma de los BMD para priorizar subvenciones y financiamiento en condiciones favorables sin agravar reforzar las deudas nacionales.