Después de un verano marcado por incendios, sequías y temperaturas extremas, España ha pedido a la Comisión Europea crear un Fondo Europeo para la Adaptación al Cambio Climático y establecer objetivos vinculantes para que los países europeos se preparen mejor frente a los impactos del calentamiento global.

La propuesta llega mientras España prepara el nuevo programa de trabajo de su Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la hoja de ruta que organiza cómo debe prepararse el país frente a riesgos como el calor extremo, las inundaciones, la sequía o los incendios. Al mismo tiempo, Bruselas trabaja en un nuevo marco europeo de resiliencia climática.

El contexto explica la urgencia: desde 1980, los fenómenos climáticos extremos han provocado 822.000 millones de euros en pérdidas en la Unión Europea, y alrededor de una cuarta parte se concentró solo entre 2021 y 2024. Pero el coste no es solo económico. En 2026, las sucesivas olas de calor habrían provocado ya al menos 35.000 muertes en exceso en Europa, una cifra todavía provisional y basada en datos de poco más de la mitad del continente. En España, entre mayo y la última semana de agosto se registraron 4.947 muertes atribuibles al calor, el peor dato desde que existen registros y por encima de las 4.520 contabilizadas en 2022.

De reducir emisiones a prepararnos para sus impactos

Sabemos que debemos prepararnos para más olas de calor, sequías, incendios o inundaciones. Pero, a diferencia de lo que ocurre con la reducción de emisiones, Europa no tiene todavía objetivos comunes y obligatorios que indiquen cuánto debe avanzar cada país en adaptación y en qué plazos.

La propuesta española busca cubrir ese vacío. Plantea objetivos a corto, medio y largo plazo en ámbitos como el agua, la salud, las infraestructuras, los bosques, la agricultura o el turismo, además de evaluar periódicamente los riesgos climáticos e incorporarlos a la planificación pública.

La idea es sencilla: no esperar a que ocurra el desastre para actuar.

Ese mismo cambio de enfoque aparece en el nuevo programa español de adaptación, que incorpora medidas para ciudades, salud, energía, transporte, agua, agricultura o protección frente a desastres. También insiste en que no basta con aprobar planes: hay que medir si realmente reducen riesgos y protegen mejor a la población.

Pero adaptarse necesita financiación

Poner objetivos es solo una parte del problema. Adaptar ciudades, infraestructuras, hospitales, agricultura o sistemas de agua requiere inversiones importantes.

Por eso, España propone crear un Fondo Europeo para la Adaptación al Cambio Climático, financiado con nuevos recursos europeos, deuda común y un gravamen sobre los beneficios de las empresas de petróleo y gas.

La propuesta introduce una idea de responsabilidad en el reparto de los costes de la crisis climática. Adaptarse cuesta dinero, pero no todos han contribuido igual al calentamiento ni se han beneficiado de la misma manera del modelo energético que lo ha provocado.

Hacer que el sector fósil contribuya a financiar la adaptación significa trasladar parte del coste hacia quienes tienen una responsabilidad directa en las emisiones, en lugar de dejar que recaiga únicamente sobre los presupuestos públicos y la ciudadanía.

En España, este debate también aparece en la revisión de su plan nacional de adaptación. Entre las propuestas planteadas durante la consulta pública se reclama una financiación suficiente, estable y justa, y se plantea explorar impuestos o tasas sobre actividades intensivas en emisiones y sobre los beneficios extraordinarios ligados a los combustibles fósiles.

Un problema europeo que también es global

Durante años, la adaptación se ha asociado sobre todo con los países más vulnerables al cambio climático. Esa visión está cambiando. Europa está comprobando que incendios, inundaciones, sequías, calor extremo o escasez de agua también ponen bajo presión sus infraestructuras, economías y servicios públicos.

Pero a escala internacional la desigualdad es mucho mayor. Muchos países en desarrollo conocen sus riesgos y cuentan con planes para afrontarlos, pero no disponen de recursos suficientes para ponerlos en marcha. Aunque existe un Fondo de Adaptación dentro del sistema climático de Naciones Unidas, la financiación disponible sigue muy por debajo de las necesidades.

Aquí la propuesta española adquiere una dimensión más amplia. Si se plantea que las empresas de petróleo y gas contribuyan a financiar la adaptación europea por su responsabilidad en la crisis climática, también sería coherente que una parte de esos recursos reforzara la financiación climática internacional.

Y ahí aparece uno de los grandes retos de la COP31. No bastará con aprobar nuevos planes o indicadores: la adaptación necesita dinero. Sin financiación suficiente, previsible y accesible, especialmente para los países más vulnerables, seguirá creciendo la distancia entre lo que los países necesitan hacer y lo que realmente pueden poner en marcha.