The Global Solidarity Levies Task Force

Su objetivo es garantizar que todos los sectores económicos, en particular aquellos con una carga fiscal baja, contribuyan con una parte justa a la financiación climática de acuerdo con los respectivos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero. Está previsto que el grupo de trabajo analice varias opciones impositivas, como un régimen de impuesto global al carbono, un impuesto al carbono sobre el comercio de combustibles fósiles, el transporte marítimo y la aviación, así como un impuesto global a las transacciones financieras.

Hay varias opciones sobre la mesa: impuestos sobre la aviación y el transporte marítimo, impuestos sobre la extracción de combustibles fósiles y sobre las transacciones financieras.

Los siguientes pasos para el grupo de trabajo se enumeraron como:

• El nombramiento de expertos y la creación de un plan de trabajo detallado a principios de 2024;
• La presentación del mandato del grupo de trabajo y las evaluaciones iniciales en la COP 29 a finales de 2024; y
• La formulación de propuestas concretas, que serán adoptadas por las instituciones relevantes en la COP 30 en 2025.

COP29:

Publicó su informe de situación en la COP29, en el que presenta una serie de opciones políticas para imponer gravámenes al transporte marítimo, la aviación, los combustibles fósiles, las transacciones financieras y la fijación de precios del carbono. También anunció que explorará otras opciones, como gravámenes sobre las criptomonedas y la producción de plásticos, y que tiene el potencial de coordinar una norma fiscal mínima efectiva para las personas ultra ricas, algo que se está estudiando actualmente en el G20.

COP30:

En la COP la coalición tuvo un rol importante a la hora de abordar posibles hojas de ruta de sálida de los combustibles fósiles. Además, aprovechó la COP para lanzar un estudio sobre el potencial de un impuesto solidario a los viajeros de clase premium como fuente equitativa y predecible de financiación climática, en particular para los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los países menos adelantados (PMA). Basándose en los principios de «quien contamina paga» y «capacidad de pago», el impuesto propuesto se dirige a los pasajeros de primera clase y clase business, que representan segmentos de viaje con altas emisiones y altos ingresos, con el fin de generar ingresos específicos para la adaptación sin afectar significativamente a la demanda. El análisis abarca diez países vulnerables al clima: Antigua y Barbuda, Barbados, Colombia, Fiyi, Kenia, Mauricio, Mozambique, Sierra Leona, Senegal y Zambia, que representan diversos contextos geográficos y económicos.